La conclusión de que en el gobierno de Alberto Fujimori hubo hornos en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) para incinerar cuerpos de personas previamente torturadas, confirma que hubo crímenes de lesa humanidad en el país, algo que debe producir la indignación suficiente para que nunca más vuelva a ocurrir.
Esa fue la conclusión de la Segunda Sala Penal Liquidadora que condenó anteayer a Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori, y al ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza a 22 años de prisión que se cumplirán en el marco de las sentencias que ya tienen por varios crímenes, incluyendo robos y asesinatos.
La corte concluyó que ambos fueron autores mediatos de la desaparición forzada de los estudiantes Kenneth Anzualdo y Martín Roca de la Universidad Técnica del Callao, y del profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.
Los tres fueron detenidos hace 23 años, entre setiembre y octubre de 1993, y conducidos a los calabozos del SIE, donde fueron torturados hasta que murieron, luego de lo cual sus cadáveres fueron incinerados en el subsótano del cuartel general del Ejército, conocido como el ‘Pentagonito’.
La sentencia a ambos, así como al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército Jorge Nadal, por quince años, tras un juicio que demoró una década, expuso la contundencia de las pruebas, incluyendo el horno en el sótano del SIE usado para quemar cuerpos como los de los dos estudiantes y el profesor.
Estos crímenes terribles ocurrieron en el marco de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, los cuales cometieron asesinatos atroces.
Toda muerte por asesinato es un hecho terrible, empezando por los que perpetraron las organizaciones terroristas, pero las realizadas en el Servicio de Inteligencia del Ejército tuvieron un componente adicional.
A diferencia del terrorismo, que genera terror mediante el asesinato y la destrucción, y que se sabe a qué va, es decir, a matar, para lo cual se mueve fuera de la ley con el fin de demoler la legalidad, el Estado siempre tiene como responsabilidad combatir a los agresores a la vida y a la institucionalidad, pero la peor manera de hacerlo es haciendo añicos dicha legalidad.
Porque la gran diferencia entre una organización terrorista y el Estado es que este actúa dentro de la ley.
Los crímenes terribles de lesa humanidad no deben ocurrir nunca más en el Perú. Y las condenas severas a los responsables son una buena manera de recordarlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario