En la vieja Inglaterra, admirable creadora del ejercicio de la democracia y las libertades públicas en el mundo moderno, era suficiente disponer de un pequeño banco de madera para ubicarse en él y desde allí decir y opinar cuanto le viniera en gana al orador. Entre nosotros es suficiente tener algunas hojas de papel para escribir lo que uno quiera en ellas y emplear cualquier medio de reproducción, por elemental y primitivo que sea, para hacer llegar a los demás tales dichos y opiniones. Esa es la libertad de expresión –la sacrosanta libertad de prensa- que practicamos y defendemos en toda democracia que merezca llamarse tal.
A diferencia de lo que sucede en los medios de difusión radiales o televisivos, en los cuales funcionan las restricciones a su acceso por las limitaciones del denominado espectro electromagnético, en la actividad escrita no hay frenos ni barreras. Entonces no puede darse el caso de un acaparamiento de los medios, puesto que en la casi imposible hipótesis de que una empresa, persona o grupo llegara a controlar todos los medios existentes, siempre estaría expedito el espacio para crear o fundar otros medios que quiebren tal exclusividad.
En los tiempos actuales, ni siquiera puede hablarse de la necesidad de contar con significativos recursos económicos para crear un periódico, ya que la industria editorial ha adquirido tal eficiencia y velocidad, que una imprenta está en condiciones de atender pedidos de edición de varios clientes al mismo tiempo. Ya no es necesario, como antes lo era, invertir mucho dinero en la adquisición de una rotativa y todos los elementos técnicos que se precisan para sacar diariamente un medio de información y de opinión.
Estas simples y elementales consideraciones vienen a propósito del duro debate que se ha presentado en el país respecto de la adquisición de las acciones de una importante empresa periodística por parte de otra importante empresa similar. Ese es un acontecimiento perfectamente lícito, porque no conspira en modo alguno contra la regla antimonopólica fijada por el artículo 61º de la Constitución del Estado. Frente a los ocho o diez periódicos que se han fusionado empresarialmente, hay varios centenares de otros periódicos que mantienen la pluralidad a nivel nacional. Y si entre aquéllos periódicos figuran dos o tres que registran una cuantiosa circulación, es porque sus dueños actuales y pretéritos han sabido penetrar en el mercado sin otras armas que su eficiencia y su libertad.
Inoportuno, por cierto, el Presidente de la República al tomar partido en esa discusión y, de paso, dejar constancia de algún turbio propósito de crear legislación que resulte vulnerando a la libertad de expresión y de empresa. Más inoportuno, desde luego, el dócil e indocto ministro de justicia al respaldar sin sustento jurídico alguno tan desacertada intervención. Dejemos, pues, las cosas como están, ya que están bien.
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