Dice el congresista Hernando Cevallos, del Frente Amplio, al comentar el proyecto de ley fujimorista que plantea la pena capital a violadores de menores de edad. Hernando Cevallos Ramiro Angulo En entrevista con el Diario UNO, el legislador Hernando Cevallos, del Frente Amplio, conversó sobre el proyecto de ley que busca sancionar con pena de muerte a los violadores de menores de edad, sobre las diversas investigaciones del caso Odebrecht, que por el momento han pasado a un segundo plano, debido al debate por esta polémica iniciativa. En su calidad de miembro de la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la reconstrucción del norte, Cevallos habla sobre la renuncia de Pablo de la Flor de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y sugiere algunas medidas que podrían contribuir a una más efectiva labor de esta institución. —¿Le parece que el tema de la pena de muerte podría ser una cortina de humo para tapar las investigaciones por el caso Odebrecht? —Claro, yo creo que puede haber más de un motivo para tratar de poner en vidriera el tema de la pena de muerte. Un elemento es que efectivamente hay temas muy importantes en debate y la pena de muerte es un tema mediático que sensibiliza mucho a la población, sobre todo, porque se trata de pena de muerte frente a crímenes atroces, frente a violación y muerte de niños menores de 5 años, entonces, esto obviamente genera en la población una sensación de no a la impunidad, una sensación de castigo frente a estos crímenes, se apela a las fibras de sensibilidad más íntimas de la población y aparecen quienes proponen este tema, sobre todo los fujimoristas, como muy preocupados frente a temas que también son parte de una preocupación social grande, de la indignación, entonces, creo que es un tema donde ellos deben haber evaluado que aparecen como ganadores por distintos lados porque, ¿quién se va oponer a castigar a un monstruo, no? —El interrogatorio de Marcelo Odebrecht va a ser este 9 de noviembre y él ya ha declarado que donó dinero a los principales partidos políticos… —Sí, además tenemos la solicitud de una reprogramación de la intervención de Keiko ante el Ministerio Público que creo tiene que ver con conocer cuáles son las respuestas de Odebrecht para que no aparezcan contradicciones y es cierto que acá la señora Keiko Fujimori está sumamente complicada, pero, necesitamos insistir en que el Ministerio Público lleve una investigación a fondo. Lo que ha hecho hasta ahora es una serie de ampliaciones injustificadas en relación con el tema de Keiko Fujimori porque estas declaraciones de Marcelo Odebrecht no son de ahora y no son la única situación que genera una serie de suspicacias e indicios en relación de la señora Fujimori con temas de corrupción. Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori SIN JUSTIFICAR —Ese día en la Fiscalía ella va a tener que dar cuenta del tema de los cocteles de los que solo se justificaron 2 de cinco, ¿qué le hace pensar que haya tres millones de soles sin sustentar hasta ahora? —Bueno, con un secretario como Joaquín Ramírez qué otra cosa podemos pensar sino que ha habido dinero que probablemente venga de lavado de activos. —El expresidente García ha rechazado que la Fiscalía lo investigue bajo la Ley de Crimen Organizado, ¿qué piensa sobre esto en la medida en que hablamos de solo un marco legal? —Cómo no se va a plantear esta figura si los principales asesores del presidente García están denunciados por una serie de ilícitos y por tener dinero que no pueden justificar. Hay cuentas bancarias que han sido de estrechos colaboradores de García y el Ministerio Público está pensando que es bastante plausible que pueda haber una conexión con todos estos funcionarios. Es lamentable que exista la vieja costumbre de buscar chivos expiatorios en el país, cayó Humala con Nadine y parece que nadie más de su entorno tiene nada que ver en actos de corrupción, lo que yo creo es que la ciudadanía quiere que no haya impunidad, que se investigue a fondo y hay muchos indicios para pensar que aquí habían grupos organizados para delinquir robando al Estado. —El fiscal Hamilton Castro se quejó de filtración de información de las investigaciones del caso Lava Jato, en específico de esta en la que el publicista Valdemir Garreta señala que a través de Jorge Barata se le hizo un importante pago por sus servicios, ¿usted cree que se pueda estar contaminando el proceso?, ¿cómo ve la labor de la Fiscalía? —Yo la veo muy lenta, yo no puedo entender cómo pueden pasar uno o dos años y sigamos todavía sin haber lanzado prisiones preventivas, sin haber planteado una denuncia formal. —Regresando al tema inicial, ¿usted no está de acuerdo con que se aplique la pena de muerte? —La gente está pensando que la pena de muerte la merecen aquellos que comenten crímenes atroces, pero, esto no se va a solucionar así en un país donde por ejemplo tenemos un psiquiatra para cada 300 mil peruanos, que tenemos 1,500 psicólogos en todo el país, donde tenemos una población enferma, sin actuar en estos niveles hablar de la pena de muerte en el país para resolver estos problemas es una hipocresía, plantear la pena de muerte como una solución frente a estos crímenes atroces es querer aprovecharse de la sensibilidad de la población para darle una satisfacción momentánea pero que no resuelve ningún problema. NO MIENTAN —¿La salida podría ser penas más severas? —No, la salida sería trabajar para sacar adelante a esta sociedad, monstruos hay en todos lados y tienen que ser castigados con la severidad del caso. Si quieren que haya pena de muerte, pero que no engañen a la gente, que no le mientan, que no se aprovechen de la sensibilidad de la gente, la indignación de la gente para hacerles creer que si nosotros ponemos la pena de muerte como castigo vamos a tener menos enfermos mentales, vamos a tener menos psicópatas, vamos a tener una mejor sociedad, eso no es verdad. ¿PARA QUE SIGAN HACIENDO LO MISMO DE SIEMPRE? —¿Para qué quieren facultades? —¿Qué medidas cree que se deban tomar con el nuevo Presidente Ejecutivo de la ARCC, Edgar Quispe? —Hay que fortalecer el rol de la Contraloría, hay que darle recursos económicos, técnicos y equipos. Necesita personal debidamente calificado, necesita crear una proporcionalidad entre la capacidad operativa de la Contraloría y la cantidad de obras que tienen que abordarse y se tendría que diseñar de otra manera en qué etapas va a participar la Contraloría. La Contraloría debe acompañar desde el principio hasta el final incluso después de que terminan las obras todos estos procesos y hasta ahora lo que ha pasado es que la Contraloría ha intervenido solo en las etapas iniciales y han tenido que retrotraerse estos proyectos más de un mes, en el caso de Piura, porque cuestionó el proceso la Contraloría, solicitó incluso que se revisará la composición del comité de licitaciones que ha sido conformado por el propio gobierno regional -que me parece un escándalo- y tampoco la Contraloría puede actuar de manera concurrente en los proyectos de obras por impuestos porque la ley no se lo permite. ¿Cree que el Congreso deba darle facultades al Ejecutivo para que legisle en el tema de la reconstrucción? —¿Para que sigan haciendo lo mismo de siempre?, porque si yo le voy a dar facultades para que me rediseñe la reconstrucción y así me lo muestra la premier, pues claro que sí. El presidente ha ido a Piura y lo que ha dicho aquí es los que protestan están ladrando y gritando mientras nosotros avanzamos y para el proceso de descolmatación en todos los diarios había salido que todos los organismos técnicos de la región estaban haciendo observaciones y ¿para eso quieren facultades?, para legalizar que las empresas hagan de la reconstrucción un festín. Alejandro Toledo CASO DE TOLEDO Hay lentitud en el manejo de la extradición —En el caso de Toledo hay dos investigaciones que están yendo cada cual por su lado, ¿cree que deban unificarse? —Y además denuncias del Poder Judicial de que los fiscales no han estructurado adecuadamente la denuncia ante la Fiscalía, lentitud en el manejo de la extradición de Toledo, ahí hay una situación realmente lamentable. Yo comparto la inquietud de la ciudadanía de que acá hay muchos intereses que se están moviendo y que se están generando presiones sobre el Ministerio Público para que no actúe con la energía y rapidez que necesitamos. —¿Cree que sean presiones o también ineficiencias propias del Ministerio Público? —No, yo creo que son presiones, creo que hay presiones políticas, yo no creo en casualidades o en la ineficiencia permanente. MANIFIESTA Hay que cambiar diseño de reconstrucción —Usted es miembro de la comisión parlamentaria de seguimiento de la reconstrucción del norte, ¿qué le pareció la salida de Pablo de Flor de la presidencia ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC)? —Me gustaría que más que el cambio de De la Flor se hubiera cambiado el diseño de la reconstrucción. —¿En qué sentido? —En varios sentidos, primero, la ley marco de la reconstrucción con cambios está diseñada para favorecer las inversiones sin ningún tipo de control y fiscalización y sin asegurar que estas inversiones -estamos hablando de más de 25 millones- generen proporcionalmente un efecto beneficioso para las regiones, ¿por qué tendrían que hacerse estos cambios?, porque la ley de reconstrucción con cambios no asegura una planificación, si yo tengo que reconstruir 7 mil o 8 mil millones en una región tengo que planificar esa inversión y saber qué tipo de región voy a tener después de invertir esa cantidad de dinero. —Y esto no se garantiza… —De ninguna manera, porque la reconstrucción se está haciendo en primer lugar como una suma de proyectos de los gobiernos locales y regionales que han sido finalmente decididos por un zar plenipotenciario. Ni siquiera las regiones han podido actuar con carácter vinculante en ninguno de estos espacios, todo lo decide este zar, este zar acepta o no acepta los proyectos que le alcanzan pero no hay ningún organismo técnico, ni regional, ni nacional que planifique como se va a manejar esta autoridad.

De concretarse la captura del expresidente, el jefe del INPE señaló que la Junta de Clasificación determinará si este irá o no al penal donde están recluidos Fujimori y Humala.


El exjefe de Estado se encuentra prófugo en Estados Unidos desde febrero pasado

El jefe del INPE, Carlos Zoe Vásquez, no descartó que, de concretarse su captura y extradición, el expresidente Alejandro Toledo sea recluido en el mismo recinto penitenciario donde están internados otros dos exjefes de Estado: el penal Barbadillo de la Diroes.

Ante la eventual captura de Toledo Manrique, el funcionario explicó que será la Junta de Clasificación del INPE, que es autónoma, la que determine su situación carcelaria, pero es probable que le corresponda el penal de Ate, donde cumplen condena y prisión preventiva Alberto Fujimori y Ollanta Humala, respectivamente.

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“Esperemos lo que la Junta de Clasificación —que es autónoma— determina y veamos. [...] Entiendo que es un derrotero que ha marcado ya la comisión de selección”, declaró en diálogo con Ideele Radio.

Alejandro Toledo es requerido por la justicia peruana en el marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos por recibir, presuntamente, US$ 20 millones en sobornos de Odebrechta cambio de la vía Interoceánica, tramos 2 y 3. 

El ex jefe de Estado se encuentra prófugo en Estados Unidos desde febrero pasado. Desde este país ha denunciado en reiteradas oportunidades que es víctima de una persecución política, algo que se ha convertido en su estrategia legal para evitar su captura y eventual extradición al Perú.