El debate suscitado por la adquisición de Epensa por el grupo El Comercio y su consecuente acaparamiento del 80% del mercado de la prensa escrita muestra interesantes características de nuestro sistema político y la forma como se concibe la democracia en el Perú.
Llama la atención la insistencia en reducir la cuestión en debate a un simple problema empresarial: en eso están de acuerdo El Comercio y los siete periodistas que han presentado una acción de amparo oponiéndose al acaparamiento de los medios por este grupo empresarial. Hay aquí una premisa que vale la pena discutir: equiparar la condición de ciudadano con la de consumidor; en tanto el mercado libre otorga capacidad de escoger (qué se compra, a quién, a qué precio), así se construye libertad y ciudadanía.
Aparte de que la calidad de la ciudadanía queda así limitada por la capacidad adquisitiva de los ciudadanos-consumidores (cuanto tienes, tanto vales: recuerden Conga y los ciudadanos de primera y de segunda), este razonamiento obvia un problema estructural en la base de la cuestión: la competencia dejada a su libre despliegue termina provocando la formación de los monopolios y estos terminan suprimiendo la competencia. Este es un rasgo tan estructural del capitalismo como lo son las grandes crisis periódicas como la que venimos arrastrando desde el 2008.
No se trata de una falla del sistema sino un resultado necesario de su funcionamiento “normal”. En el capitalismo la mayor competitividad se gana a través del continuo crecimiento de las unidades productivas: en general la gran empresa tiene menores costos que los pequeños negocios y por lo tanto puede vender sus productos más baratos (remember China). La competencia empuja entonces a que las empresas crezcan hasta el punto en que terminan concentrando virtualmente todo el mercado en manos de unos pocos propietarios a los cuales les resulta más ventajoso ponerse de acuerdo entre ellos que dejar que la libre competencia fije los precios y demás factores. Así se termina liquidando la libre elección. Esto era evidente ya a fines del siglo XIX y por eso se emitieron en EEUU una serie de leyes anti-trust, disponiendo la intervención del estado para combatir las prácticas monopólicas que limitaban la libre competencia, medida que fue seguida por los demás países, incluido el Perú.
Imagino una objeción: ¿Por qué se legisló contra las prácticas monopólicas y no contra los monopolios mismos? La respuesta es simple: prohibirlos habría significado prohibir el capitalismo mismo.
La gente mayor debe recordar que hasta los años sesenta del pasado siglo los vehículos que circulaban en el Perú eran Ford y Chevrolet. ¿Por qué cambió esto tan dramáticamente durante las décadas siguientes, hasta el punto de que estos autos son hoy la excepción y el grueso de nuestro mercado está copado por los automóviles asiáticos? La Ford y la General Motors (que produce los Chevrolet) siguen produciendo y tienen una importante cuota en el mercado mundial; no es la libre competencia la que limita su presencia por aquí. A los grandes monopolios automovilísticos les resultó más conveniente ponerse de acuerdo y distribuirse el mercado mundial que dejar que fuera la libre competencia la que determinara quién ganaba. A eso queda reducida la “libertad de elección” de los consumidores en la era de los monopolios.
La situación es mucho más problemática cuando de los monopolios en los medios de comunicación se trata y las democracias avanzadas han producido una abundante legislación para impedir su concentración en manos de pequeñas oligarquías empresariales. Un informe encargado por La República sobre la concentración de los medios en el mundo muestra que esta se sitúa en la gran mayoría de las democracias por debajo del 20%, siendo excepcional que se llegue al 40%.
Aquí agrava la situación que aparte del controlar 80% del mercado de la prensa escrita El Comercio tiene propiedad cruzada –explícitamente prohibida en varias democracias– porque el grupo es propietario, además, de canales de TV: América TV y Canal N. El artículo 61 de la Constitución afirma que “ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión… las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento”
Suscribo la opinión de Rosa María Palacios y de Fernando Ampuero de que lo ideal sería que Epensa sea adquirida por un grupo empresarial distinto de El Comercio y La República
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