Presos, procesados y sentenciados: historia de mandatarios y gobernantes regionales.
ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN
Con el posible indulto a Alberto Fujimori llenando las primeras planas de la prensa y la posibilidad de tener a más exmandatarios presos, conviene recordar que este no es el único mandatario preso que registra la historia republicana peruana.
Los peruanos vivimos una inédita circunstancia histórica al tener a un expresidente sentenciado y preso, uno con orden de captura (Alejandro Toledo), otro permanentemente investigado y absuelto como Alan García, y el que le siguió, cuyo futuro legal luce negro (Ollanta Humala).
Como si fuera poco, otro condenado a cadena perpetua por la justicia italiana, debido a su participación en el Plan Cóndor, operativo ideado en Chile para coordinar la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980, por parte de los regímenes dictatoriales de la región (Francisco Morales Bermúdez). A este paso, los peruanos podríamos tener a más de un exgobernante cumpliendo condena efectiva.
LEGUÍA FUE EL PRIMERO
En casi 200 años de historia republicana, varios presidentes han sido derrocados, secuestrados, deportados en pijama y hasta asesinados en actos públicos; sin embargo, los textos escolares recuerdan a la figura de Augusto Bernardino Leguía como el primer mandatario en padecer prisión, así como el único que terminó sus días ahí.
Con algunas semejanzas y radicales diferencias, a la hora de referirnos al actual encarcelamiento de Fujimori, resulta imposible no hacer un paralelismo con Leguía.
La historiadora María Delfina Álvarez Calderón, autora de “El saqueo olvidado: asalto a la casa de Augusto B. Leguía”, sostiene que “ambas figuras tienen un parecido. Entraron con apoyo popular, gobernaron con mano dura, buscaron reelegirse en más de una oportunidad y cayeron luego de una segunda reelección. Si Leguía no hubiera ido a esa reelección, habría salido pobre de Palacio, pero no preso”.
La estudiosa señala que la diferencia entre ambos es que Leguía “no mandó matar” –aunque deportó a varios, como Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui–, mientras que Fujimori cumple condena por crímenes de lesa humanidad, ratificada en todas las instancias. “Uno está en una cárcel dorada, mientras que el otro fue tratado de forma inhumana”.
La encarcelación del alguna vez llamado “Júpiter Presidente”, ‘”Gigante del Pacífico” o “Wiracocha”, cada cierto tiempo es motivo de comparaciones.
La economía nacional también sufrió los efectos de la crisis mundial de 1929, siendo los sectores obreros directamente afectados por el alza del costo de vida y la escasez de subsistencias; sin embargo, fueron estos los primeros en alzar su protesta.
El descontento también se apoderó del Ejército. La evidente corrupción administrativa que beneficiaba a sus allegados o amigos, así como la firma de los tratados con Colombia y Chile, en la que se cedió territorio, jugaron en contra de Leguía al fortalecer más a sus opositores.
El 22 de agosto de 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, al mando de la guarnición de Arequipa, se pronunció contra el gobierno. El movimiento revolucionario se propagó rápidamente por el sur del país. También en Lima el ambiente era favorable para revueltas. Para apaciguar la situación Leguía pretendió formar un gabinete militar, pero en las primeras horas de la madrugada del 25 de agosto la guarnición de Lima solicitó su renuncia.
Ante la imposibilidad de hacerle frente a la rebelión, Leguía aceptó y renunció el mando, que quedó en manos de una Junta Militar de Gobierno presidida por el general Manuel María Ponce Brousset. Dos días después este entregaría el poder a Sánchez Cerro, quien arribó a la capital en avión.
EL FIN DE “WIRACOCHA”
Leguía fue embarcado en el BAP Almirante Grau rumbo a Panamá, pero los líderes de las revueltas exigieron su prisión y ordenaron el regreso del buque. Leguía fue trasladado primero a la isla de El Frontón y luego al Panóptico o penitenciaría central de Lima. La residencia del expresidente fue asaltada por la muchedumbre y también las de los principales miembros de su gobierno.
La sentencia condenatoria contra Leguía fue dada por la Segunda Sala del Tribunal de Sanción Nacional, el 7 de enero de 1931. La justicia estableció que el exmandatario, junto a sus hijos Augusto y José Leguía Swayne, eran culpables del robo de 25 millones de soles oro al Estado. Se comprobó, además, que el mandatario se aprovechó de concesiones, contratos, comisiones y primas para obtener “ingentes sumas de dinero mermados al erario nacional.”
Entre las pruebas recogidas se encontraban cartas cablegramas que lo comprometían en comisiones recibidas por las haciendas “Sasape” y “La Molina”, por la explotación de casa de juego, venta del opio y demás estupefacientes.
Para el Tribunal “es lógico suponer que ocultan grandes capitales en valores o en depósitos en el extranjero o que han dilapidado en operaciones ruinosas el dinero extraído a la nación, debiendo en cualquiera de estos supuestos condenárseles a reintegrarlo con los bienes embargados e incautados o con los bienes que posteriormente puedan ser descubiertos como de su propiedad”.
Finalmente, la justicia ordenó su restitución del monto saqueado “en la cantidad que sea posible, previo el pago de los créditos preferenciales respectivos”, y se estableció “que los procesados serán responsables económicamente por la cantidad que quedare insatisfecha”.
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