martes, 14 de noviembre de 2017

Marcelo Odebrecht: revelan que financió campaña de PPK y lo contrató como consultor

Empresario brasileño declaró a fiscales peruanos que brindó aporte para campaña de 2011
Marcelo Odebrecht: revelan que financió campaña de PPK y lo contrató como consultor
Marcelo Odebrecht: revelan que financió campaña de PPK y lo contrató como consultor
El empresario brasileño Marcelo Odebrecht reveló que su empresa financió la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski, y le pago por asesoramiento a la constructora.
Según el diario El Comercio, IDL, y otros medios de locales, estas declaraciones las brindó ex CEO de la empresa  del mismo nombre, el jueves 9 de noviembre al ser interpelado en Curitiba, ciudad brasileña, capital del estado de Paraná, por los fiscales peruanos José Pérez, Rafael Vela y Walter Villanueva, comisionados de las investigaciones Lava Jato y Odebrecht en Perú.
La información precisa que PPK figuró entre los predilectos de los comicios presidenciales de 2011, razón por la cual el conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción financió su campaña.
Cabe precisar que, prosiguiendo con la información brindada por el diario nacional en mención, Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú, debía corroborar las cifras otorgadas a nuestro mandatario, un 'modus operandi' muy similar a la operación realizada con Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular (FP).
Cabe precisar que aquella elección de 2011 tuvo un desenlace fatídico para Pedro Pablo Kuczynski, pues finalizó en el tercer casillero, según el voto popular.

Consultoría

 También precisa que Marcelo Odebrecht se valió de los servicios de Pedro Pablo Kuczynski como asesor, al concluir el gobierno de Alejandro Toledo (presidente de la República del Perú entre el 28 de julio de 2001 y el 28 de julio de 2006).
Cuando Toledo era mandatario, Kuczynski, como ministro de Economía, se negó a la construcción de la carretera Interoceánica Sur, siendo "una piedra en el zapato" para el objetivo de la empresa brasileña, menciona.
Al finalizar el periodo gubernamental de Toledo, y quedando PPK sin cargo público que ostentar, es que Odebrecht contacta al actual mandatario nacional como consultor, supuestamente, para limar asperezas.
Al ser consultado sobre ¿cuál fue la actividad de consultoría?, Odebrecht respondió: consultar sobre temas económicos. Después se lo interrogó respecto a ¿cómo le pagaron? y fuentes presenciales sostienen que sostuvo que "con la caja dos". Otros no lo recuerdan. Se incidió en ¿por qué con la caja dos? y respondió: por una cuestión de fisco. Y ¿cuánto?: Barata lo sabe, enfatizó, según una publicación de IDL-Reporteros que ha titulado así: "Lo que habló Odebrecht en Curitiba"

Alan García niega que Odebrecht le pagó por conferencias

A través de Twitter, exmandatario vuelve a defenderse de vínculos con Odebrecht.
(Foto: Exitosa)
(Foto: Exitosa)
Alan García volvió a usar su cuenta en Twitter para defenderse. Esta vez negó que haya sido contratado por la constructora Odebrecht para dictar conferencias al final de su segundo mandato.
El exmandatario señala que ha dictado más de 30 conferencias en 10 países. “Una en Brasil, para la Federación Industrial de Sao Paulo. (No Odebrecht)”,precisó en su tuit.
En este sentido, García aseguró que “todos los contratos, honorarios e impuestos pagados están publicados y han sido investigados por el Congreso y la Fiscalía”.
Como se sabe, IDL- Reporteros dio detalles de la segunda declaración del empresario Marcelo Odebrecht ante fiscales peruanos en Curitiba, donde revela que le pagaron al líder aprista por conferencias porque era “una política de la empresa ayudar a los expresidentes”.
Para tener en cuenta. García participó de un conversatorio en la sede de la Federación de Industriales del Estado de Sao Paul, en mayo del 2012, por la cual se le pagó 100 000 dólares.
 

lunes, 13 de noviembre de 2017

Pedro Cateriano : “Un “financiamiento ilegal” habría tenido Alan García”

Cateriano también habló sobre caso Odebrecht

“Los hechos estarían probando financiamiento ilegal a Alan García”, señaló ayer el ex primer ministro Pedro Cateriano, al comentar las declaraciones que Marcelo Odebrecht brindó a fiscales peruanos sobre su relación con el expresidente tras confirmar que las siglas AG se refieren al líder aprista.
Cateriano sostuvo que García Pérez “ha perdido su reflejo político”, ello en aparente alusión a las diferentes versiones que este manifestó para rechazar que esté relacionado al escándalo de sobornos.
“El mundo ha cambiado, pero él mantiene su misma manera de ser. Hoy día felizmente existe Facebook, Twitter y la tecnología para transmitir la información, y ya el señor García no nos embauca”, acotó.
“Ojalá que los fiscales y jueces actúen con firmeza frente a los hechos que estarían probando el financiamiento ilegal de la campaña de Alan García y la corrupción en el caso del tren eléctrico”

Exfiscal Avelino Guillén advierte maniobras dictatoriales, mientras CAL dice que denuncia contra fiscal Pablo Sánchez no tiene sustento. Avelino Guillén Las últimas acciones del fujimorismo en contra de autoridades de instituciones autónomas, como el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, y hasta el propio jefe del Estado, tienen como finalidad afectar y avasallar la independencia de poderes en el país, aseguró el exfiscal Avelino Guillén. Dijo que ese grupo político impone su mayoría en el Parlamento para tomar acciones que no respetan la ley. “Eso revela que el fujimorismo no tiene un concepto ni criterio adecuado de democracia, no respeta la discrepancia, la independencia de las instituciones, no entiende, no valora el ejercicio democrático, ni el respeto a las funciones que la Constitución le asigna al Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial”, expresó. Advirtió que la denuncia constitucional planteada por el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y la intencionalidad de apoyar la denuncia constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el caso el Frontón, son altamente peligrosas para el Estado de derecho. QUIEREN DESCABEZAR “Se pretende avasallar y tomar medidas que no tienen correlato con la ley. Descabezar instituciones para coparlas y luego ponerlas bajo al control de determinada colectividad política es un tema bastante delicado”, agregó. Dijo que es inconcebible que se quiera establecer al Congreso como una vía paralela para juzgar a los funcionarios que le son incómodos al fujimorismo, “dentro de su estrategia de ir copando, paulatinamente, todos los escenarios de poder”, anotó. Frente a esta situación, dijo, sería prudente que los líderes políticos emitan un pronunciamiento al respecto porque el clima político que imponen los integrantes de Fuerza Popular no es el adecuado. SIN BASE El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo, sostuvo que la denuncia constitucional presentada por la bancada Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez no tiene base y debe ser archivada. “Esa denuncia tiene que ser archivada, sería una vergüenza que prospere, no tiene suficiente base y evidencia un desconocimiento del derecho, especialmente del derecho constitucional”, declaró. Angulo lamentó que el congresista fujimorista Daniel Salaverry haya elaborado una denuncia constitucional sin base suficiente. “Si hubiera razones de peso estaría bien, pero exhibir notas periodísticas y opiniones de personas como fundamento de acusación deja muy mal al congresista y también a la institución, que es el Congreso”, comentó. ALGO MÁS La figura del Fiscal de la Nación es de primer orden, equivalente al presidente de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional y el CAL respalda plenamente a Pablo Sánchez, dijo Pedro Angulo. ARTÍCULOS RELACIONADOSLAPRIMERA

La exfuncionaria es investigada por presunta licitación irregular del Metro de Lima a la empresa Odebrecht.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el pedido de cese de prisión preventiva que recae sobre la expresidenta del Comité de Licitación del Tramo Dos de la Línea 1 del Metro de Lima, Mariella Huerta Minaya.
La exfuncionaria es investigada por presunta licitación irregular del Metro de Lima a la empresa Odebrecht.
El magistrado a cargo del referido juzgado, Richard Concepción Carhuancho, indicó que la parte solicitante no acreditó nuevos elementos de convicción que fundamenten el pedido.
 Por el contrario, sostuvo en su resolución dictada esta mañana en la sede de la Sala Penal Nacional, que continúan los elementos de convicción que implican a Huerta Minaya. en este caso por los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos
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Fuerza Popular busca avasallar a las Instituciones autónomas

Exfiscal Avelino Guillén advierte maniobras dictatoriales, mientras CAL dice que denuncia contra fiscal Pablo Sánchez no tiene sustento.
Avelino Guillén
Las últimas acciones del fujimorismo en contra de autoridades de instituciones autónomas, como el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, y hasta el propio jefe del Estado, tienen como finalidad afectar y avasallar la independencia de poderes en el país, aseguró el exfiscal Avelino Guillén.
Dijo que ese grupo político impone su mayoría en el Parlamento para tomar acciones que no respetan la ley. “Eso revela que el fujimorismo no tiene un concepto ni criterio adecuado de democracia, no respeta la discrepancia, la independencia de las instituciones, no entiende, no valora el ejercicio democrático, ni el respeto a las funciones que la Constitución le asigna al Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial”, expresó.
Advirtió que la denuncia constitucional planteada por el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y la intencionalidad de apoyar la denuncia constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el caso el Frontón, son altamente peligrosas para el Estado de derecho.
QUIEREN DESCABEZAR
“Se pretende avasallar y tomar medidas que no tienen correlato con la ley. Descabezar instituciones para coparlas y luego ponerlas bajo al control de determinada colectividad política es un tema bastante delicado”, agregó.
Dijo que es inconcebible que se quiera establecer al Congreso como una vía paralela para juzgar a los funcionarios que le son incómodos al fujimorismo, “dentro de su estrategia de ir copando, paulatinamente, todos los escenarios de poder”, anotó.
Frente a esta situación, dijo, sería prudente que los líderes políticos emitan un pronunciamiento al respecto porque el clima político que imponen los integrantes de Fuerza Popular no es el adecuado.
SIN BASE
El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo, sostuvo que la denuncia constitucional presentada por la bancada Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez no tiene base y debe ser archivada.
“Esa denuncia tiene que ser archivada, sería una vergüenza que prospere, no tiene suficiente base y evidencia un desconocimiento del derecho, especialmente del derecho constitucional”, declaró.
Angulo lamentó que el congresista fujimorista Daniel Salaverry haya elaborado una denuncia constitucional sin base suficiente.
“Si hubiera razones de peso estaría bien, pero exhibir notas periodísticas y opiniones de personas como fundamento de acusación deja muy mal al congresista y también a la institución, que es el Congreso”, comentó.


Keiko y AG van por el golpe para evitar cárcel

Tienen el control del Congreso, pero quieren tomar el TC, el Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía y sacar a PPK.
Alan García Pérez - Keiko Fujimori
ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN
Analistas consultados por Diario UNO dijeron que el fujimorismo, con ayuda de sus aliados apristas, están tratando de mover un golpe de Estado, a fin de evitar que Keiko Fujimori, y el expresidente Alan García, investigados de manera preliminar por el caso de la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, cumplan arresto, como el caso del ex presidente Ollanta Humala.
Sostuvieron que el fujimorismo y el Apra quieren curarse en salud porque consideran que las investigaciones en su contra pueden avanzar al igual que en el caso de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, así como del ex mandatario Alejandro Toledo.
Comentaron de esta manera, al opinar sobre la pretensión aprofujimorista de destituir a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), copar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), denunciar constitucionalmente al Fiscal de la Nación y burlarse e insultar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, con el fin de desprestigiarlo y luego pensar en su vacancia.
Sostuvieron que ya tienen el control absoluto del Congreso de la República y desde ahí están fomentando un golpe de Estado, con el fin de evadir las investigaciones en el caso Odebrecht.
Fiscal Pablo Sánchez, venganza por investigar a Keiko.
Fiscal Pablo Sánchez, venganza por investigar a Keiko.
FUJIMORISMO CONTRA PABLO SÀNCHEZ
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sostuvo que “todo evidencia” que Keiko Fujimori está detrás de la denuncia constitucional que pesa en su contra, presentada la semana pasada por el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry.
“Todo evidencia que es afirmativo. Es una lógica bastante claro teniendo en cuenta que ella (Keiko) es la que representa ese partido (Fuerza Popular) y toda la bancada respalda al señor Salaverry”, declaró Sánchez en entrevista con un diario local.
Por su parte, la parlamentaria fujimorista Karla Schaefer, dijo ayer que su bancada se mantiene firme ante la denuncia contra el fiscal, para saber si se ha tomado las acciones necesarias que el cargo le exige para garantizar las investigaciones contra empresas peruanas socias de la constructora brasileña Odebrecht.
La parlamentaria sostuvo que con esta denuncia no se pretende atacar a un organismo autónomo como el Ministerio Público, sino cuestionar la “inacción, que habría tenido el fiscal en las investigaciones por el caso de corrupción Lava Jato”.
El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al considerar que incurrió en “grave omisión funcional” en la lucha contra la corrupción por el caso Lava Jato.
La denuncia constitucional en contra del fiscal Sánchez no ha recibido ninguna adhesión y solo rechazo institucional y público. Las diversas bancadas parlamentarias, incluyendo la aprista, así como la Junta de Fiscales, mostraron su rechazo a la decisión del fujimorismo.
El CNM es otro organismo en la mira de Fuerza Popular.
El CNM es otro organismo en la mira de Fuerza Popular.
AMENAZA A LA INSTITUCIONALIDAD
Proética sostiene que las “denuncias del fujimorismo amenazan la institucionalidad democrática”; mediante un pronunciamiento en defensa del Ministerio Público y del TC, dicha entidad acusa a FP de no respetar la separación de poderes, la independencia y autonomía de las instituciones del sistema de justicia.
“Reconocemos la labor que esta institución (Fiscalía) ha venido realizando bajo el liderazgo de Pablo Sánchez, para organizar y conducir las investigaciones en materia de corrupción, particularmente en el caso conocido como ‘Lava Jato’, el más importante que ha conocido el Perú, después del desmantelamiento de la red criminal tejida por el ex presidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos”, sostiene el pronunciamiento.
Respecto a los magistrados del TC, el fujimorismo con los votos del Apra impulsaron que cuatro miembros de la entidad suprema sean investigados constitucionalmente por emitir un fallo que devolvió la calidad de lesa humanidad a los crímenes perpetrados en el Caso El Frontón.
En esta línea, Proética señala que los magistrados acusados de prevaricato “gozan de inviolabilidad, independientemente del derecho que asiste a todos para coincidir o discrepar de sus decisiones, no pueden ser acusados ante autoridad alguna,incluyendo al Congreso”.
El Fujimorismo ha desatado campaña contra los miembros del TC.
El Fujimorismo ha desatado campaña contra los miembros del TC.
EL TIEMPO SE LE ACABA AL FUJIMORISMO
El doctor Ricardo Portocarrero Grados, analista político e historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostuvo a Diario UNO que la presión que viene realizando el fujimorismo es expresión de una estrategia general para volver al poder y que ello fue intentado durante el gobierno anterior, aunque sin mayoría en el Congreso.
“Durante el gobierno anterior intentaron varias veces censurar ministros pero fracasaron. Ahora, por un lado se dan cuenta que es un arma de doble filo y por eso le dieron la confianza al actual gabinete”, sostuvo Portocarrero, quien además asegura que el tiempo político se le acaba al fujimorismo, debido a los testimonios de Odebrech, y que por eso vienen intentando una nueva táctica que les haga ganar tiempo y que se materializaría en la toma del Tribunal TC y la Fiscalía de la Nación. “El fujimorismo es el mismo, no ha cambiado en todo este tiempo”, asegura.
En otro momento aseguró la inexistencia del aprismo histórico. “El partido aprista ya no existe, al menos el histórico. Solo puede sobrevivir aliándose con el fujimorismo porque comparten agenda común: enfrentarse a los que luchamos contra la corrupción, defendemos los derechos humanos y queremos un nuevo régimen político alternativo al neoliberalismo”, añadió tras recordar que el aprismo y el fujimorismo tienen en común denuncias por corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos. “Ese es su verdadero programa político”, dijo.
“KEIKO NO ES TAN INGENUA”
“Es lamentable que esta conminación del fujimorismo sea un tema casi de debate nacional pero sin un trasfondo importante que incluya intereses en favor del pueblo”, sostiene el periodista y analista político Yásser Gómez Carbajal, quien además dice que el fujimorismo pretende transmitir la imagen de firmeza a sus simpatizantes, al resto de la población y a los futuros jóvenes electores.
“Keiko tiene experiencia política; no es tan ingenua como para dirigir su mayoría congresal solo con el objetivo de molestar al gobierno o promover leyes para favorecer a los lobbies económicos” añade Gómez, quien también se refiere a la eventual alianza del fujimorismo con el Apra.
“La experiencia acumulada del aprismo les da una mirada de largo plazo, García es su eterna gran esperanza electoral y en el 2001 los resucitó; es difícil que lo vuelva a hacer para el 2021. Además, están las denuncias por Odebretch, del cual tal vez salga librado pero su imagen ya está muy dañada. Es probable que para el 2021 lidere las encuestas algún outsider o candidato conocido sin ligazón al Apra”.
CONDICIONES PARA EL GOLPE
Carlos Castillo Peralta, especialista en Gestión Pública y Estrategias Anticorrupción de la Pontificia Universidad Católica del Perú señala que la figura del golpe parlamentario es perfectamente posible primero porque el sistema de presidencialismo parlamentarizado lo permite, y porque hay condiciones para ello.
“El gobierno de PPK es débil y con poca capacidad de maniobra política; tiene un partido poco cohesionado y una oposición fuerte que tiene el control del Congreso”, sostiene Castillo
Finalmente dijo: “Tras las declaraciones de Marcelo Odebrecht, la lideresa de FP ha quedado sumamente debilitada. Por ello van a tratar de debilitar la figura del Presidente, la Comisión Lava Jato va en esa dirección. En ese sentido, sí podría ser posible un golpe parlamentario, pero también creo que podría darse una salida de otro tipo, tal como un golpe ciudadano, del tipo que se vayan todos. Ese segundo escenario no hay que descartarlo”.

jueves, 2 de noviembre de 2017

Dice el congresista Hernando Cevallos, del Frente Amplio, al comentar el proyecto de ley fujimorista que plantea la pena capital a violadores de menores de edad. Hernando Cevallos Ramiro Angulo En entrevista con el Diario UNO, el legislador Hernando Cevallos, del Frente Amplio, conversó sobre el proyecto de ley que busca sancionar con pena de muerte a los violadores de menores de edad, sobre las diversas investigaciones del caso Odebrecht, que por el momento han pasado a un segundo plano, debido al debate por esta polémica iniciativa. En su calidad de miembro de la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la reconstrucción del norte, Cevallos habla sobre la renuncia de Pablo de la Flor de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y sugiere algunas medidas que podrían contribuir a una más efectiva labor de esta institución. —¿Le parece que el tema de la pena de muerte podría ser una cortina de humo para tapar las investigaciones por el caso Odebrecht? —Claro, yo creo que puede haber más de un motivo para tratar de poner en vidriera el tema de la pena de muerte. Un elemento es que efectivamente hay temas muy importantes en debate y la pena de muerte es un tema mediático que sensibiliza mucho a la población, sobre todo, porque se trata de pena de muerte frente a crímenes atroces, frente a violación y muerte de niños menores de 5 años, entonces, esto obviamente genera en la población una sensación de no a la impunidad, una sensación de castigo frente a estos crímenes, se apela a las fibras de sensibilidad más íntimas de la población y aparecen quienes proponen este tema, sobre todo los fujimoristas, como muy preocupados frente a temas que también son parte de una preocupación social grande, de la indignación, entonces, creo que es un tema donde ellos deben haber evaluado que aparecen como ganadores por distintos lados porque, ¿quién se va oponer a castigar a un monstruo, no? —El interrogatorio de Marcelo Odebrecht va a ser este 9 de noviembre y él ya ha declarado que donó dinero a los principales partidos políticos… —Sí, además tenemos la solicitud de una reprogramación de la intervención de Keiko ante el Ministerio Público que creo tiene que ver con conocer cuáles son las respuestas de Odebrecht para que no aparezcan contradicciones y es cierto que acá la señora Keiko Fujimori está sumamente complicada, pero, necesitamos insistir en que el Ministerio Público lleve una investigación a fondo. Lo que ha hecho hasta ahora es una serie de ampliaciones injustificadas en relación con el tema de Keiko Fujimori porque estas declaraciones de Marcelo Odebrecht no son de ahora y no son la única situación que genera una serie de suspicacias e indicios en relación de la señora Fujimori con temas de corrupción. Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori SIN JUSTIFICAR —Ese día en la Fiscalía ella va a tener que dar cuenta del tema de los cocteles de los que solo se justificaron 2 de cinco, ¿qué le hace pensar que haya tres millones de soles sin sustentar hasta ahora? —Bueno, con un secretario como Joaquín Ramírez qué otra cosa podemos pensar sino que ha habido dinero que probablemente venga de lavado de activos. —El expresidente García ha rechazado que la Fiscalía lo investigue bajo la Ley de Crimen Organizado, ¿qué piensa sobre esto en la medida en que hablamos de solo un marco legal? —Cómo no se va a plantear esta figura si los principales asesores del presidente García están denunciados por una serie de ilícitos y por tener dinero que no pueden justificar. Hay cuentas bancarias que han sido de estrechos colaboradores de García y el Ministerio Público está pensando que es bastante plausible que pueda haber una conexión con todos estos funcionarios. Es lamentable que exista la vieja costumbre de buscar chivos expiatorios en el país, cayó Humala con Nadine y parece que nadie más de su entorno tiene nada que ver en actos de corrupción, lo que yo creo es que la ciudadanía quiere que no haya impunidad, que se investigue a fondo y hay muchos indicios para pensar que aquí habían grupos organizados para delinquir robando al Estado. —El fiscal Hamilton Castro se quejó de filtración de información de las investigaciones del caso Lava Jato, en específico de esta en la que el publicista Valdemir Garreta señala que a través de Jorge Barata se le hizo un importante pago por sus servicios, ¿usted cree que se pueda estar contaminando el proceso?, ¿cómo ve la labor de la Fiscalía? —Yo la veo muy lenta, yo no puedo entender cómo pueden pasar uno o dos años y sigamos todavía sin haber lanzado prisiones preventivas, sin haber planteado una denuncia formal. —Regresando al tema inicial, ¿usted no está de acuerdo con que se aplique la pena de muerte? —La gente está pensando que la pena de muerte la merecen aquellos que comenten crímenes atroces, pero, esto no se va a solucionar así en un país donde por ejemplo tenemos un psiquiatra para cada 300 mil peruanos, que tenemos 1,500 psicólogos en todo el país, donde tenemos una población enferma, sin actuar en estos niveles hablar de la pena de muerte en el país para resolver estos problemas es una hipocresía, plantear la pena de muerte como una solución frente a estos crímenes atroces es querer aprovecharse de la sensibilidad de la población para darle una satisfacción momentánea pero que no resuelve ningún problema. NO MIENTAN —¿La salida podría ser penas más severas? —No, la salida sería trabajar para sacar adelante a esta sociedad, monstruos hay en todos lados y tienen que ser castigados con la severidad del caso. Si quieren que haya pena de muerte, pero que no engañen a la gente, que no le mientan, que no se aprovechen de la sensibilidad de la gente, la indignación de la gente para hacerles creer que si nosotros ponemos la pena de muerte como castigo vamos a tener menos enfermos mentales, vamos a tener menos psicópatas, vamos a tener una mejor sociedad, eso no es verdad. ¿PARA QUE SIGAN HACIENDO LO MISMO DE SIEMPRE? —¿Para qué quieren facultades? —¿Qué medidas cree que se deban tomar con el nuevo Presidente Ejecutivo de la ARCC, Edgar Quispe? —Hay que fortalecer el rol de la Contraloría, hay que darle recursos económicos, técnicos y equipos. Necesita personal debidamente calificado, necesita crear una proporcionalidad entre la capacidad operativa de la Contraloría y la cantidad de obras que tienen que abordarse y se tendría que diseñar de otra manera en qué etapas va a participar la Contraloría. La Contraloría debe acompañar desde el principio hasta el final incluso después de que terminan las obras todos estos procesos y hasta ahora lo que ha pasado es que la Contraloría ha intervenido solo en las etapas iniciales y han tenido que retrotraerse estos proyectos más de un mes, en el caso de Piura, porque cuestionó el proceso la Contraloría, solicitó incluso que se revisará la composición del comité de licitaciones que ha sido conformado por el propio gobierno regional -que me parece un escándalo- y tampoco la Contraloría puede actuar de manera concurrente en los proyectos de obras por impuestos porque la ley no se lo permite. ¿Cree que el Congreso deba darle facultades al Ejecutivo para que legisle en el tema de la reconstrucción? —¿Para que sigan haciendo lo mismo de siempre?, porque si yo le voy a dar facultades para que me rediseñe la reconstrucción y así me lo muestra la premier, pues claro que sí. El presidente ha ido a Piura y lo que ha dicho aquí es los que protestan están ladrando y gritando mientras nosotros avanzamos y para el proceso de descolmatación en todos los diarios había salido que todos los organismos técnicos de la región estaban haciendo observaciones y ¿para eso quieren facultades?, para legalizar que las empresas hagan de la reconstrucción un festín. Alejandro Toledo CASO DE TOLEDO Hay lentitud en el manejo de la extradición —En el caso de Toledo hay dos investigaciones que están yendo cada cual por su lado, ¿cree que deban unificarse? —Y además denuncias del Poder Judicial de que los fiscales no han estructurado adecuadamente la denuncia ante la Fiscalía, lentitud en el manejo de la extradición de Toledo, ahí hay una situación realmente lamentable. Yo comparto la inquietud de la ciudadanía de que acá hay muchos intereses que se están moviendo y que se están generando presiones sobre el Ministerio Público para que no actúe con la energía y rapidez que necesitamos. —¿Cree que sean presiones o también ineficiencias propias del Ministerio Público? —No, yo creo que son presiones, creo que hay presiones políticas, yo no creo en casualidades o en la ineficiencia permanente. MANIFIESTA Hay que cambiar diseño de reconstrucción —Usted es miembro de la comisión parlamentaria de seguimiento de la reconstrucción del norte, ¿qué le pareció la salida de Pablo de Flor de la presidencia ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC)? —Me gustaría que más que el cambio de De la Flor se hubiera cambiado el diseño de la reconstrucción. —¿En qué sentido? —En varios sentidos, primero, la ley marco de la reconstrucción con cambios está diseñada para favorecer las inversiones sin ningún tipo de control y fiscalización y sin asegurar que estas inversiones -estamos hablando de más de 25 millones- generen proporcionalmente un efecto beneficioso para las regiones, ¿por qué tendrían que hacerse estos cambios?, porque la ley de reconstrucción con cambios no asegura una planificación, si yo tengo que reconstruir 7 mil o 8 mil millones en una región tengo que planificar esa inversión y saber qué tipo de región voy a tener después de invertir esa cantidad de dinero. —Y esto no se garantiza… —De ninguna manera, porque la reconstrucción se está haciendo en primer lugar como una suma de proyectos de los gobiernos locales y regionales que han sido finalmente decididos por un zar plenipotenciario. Ni siquiera las regiones han podido actuar con carácter vinculante en ninguno de estos espacios, todo lo decide este zar, este zar acepta o no acepta los proyectos que le alcanzan pero no hay ningún organismo técnico, ni regional, ni nacional que planifique como se va a manejar esta autoridad.

De concretarse la captura del expresidente, el jefe del INPE señaló que la Junta de Clasificación determinará si este irá o no al penal donde están recluidos Fujimori y Humala.


El exjefe de Estado se encuentra prófugo en Estados Unidos desde febrero pasado
El jefe del INPE, Carlos Zoe Vásquez, no descartó que, de concretarse su captura y extradición, el expresidente Alejandro Toledo sea recluido en el mismo recinto penitenciario donde están internados otros dos exjefes de Estado: el penal Barbadillo de la Diroes.
Ante la eventual captura de Toledo Manrique, el funcionario explicó que será la Junta de Clasificación del INPE, que es autónoma, la que determine su situación carcelaria, pero es probable que le corresponda el penal de Ate, donde cumplen condena y prisión preventiva Alberto Fujimori y Ollanta Humala, respectivamente.
“Esperemos lo que la Junta de Clasificación —que es autónoma— determina y veamos. [...] Entiendo que es un derrotero que ha marcado ya la comisión de selección”, declaró en diálogo con Ideele Radio.
Alejandro Toledo es requerido por la justicia peruana en el marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos por recibir, presuntamente, US$ 20 millones en sobornos de Odebrechta cambio de la vía Interoceánica, tramos 2 y 3. 
El ex jefe de Estado se encuentra prófugo en Estados Unidos desde febrero pasado. Desde este país ha denunciado en reiteradas oportunidades que es víctima de una persecución política, algo que se ha convertido en su estrategia legal para evitar su captura y eventual extradición al Perú.