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La corrupción estructural en el Perú
Alberto Medina Fernández (albertomefer@gmail.com)
estructural en el Perú
Como
ya ocurrió en el pasado y desde el siglo XIX en el Perú, cada gobierno de turno
opaca al anterior o a los anteriores en los actos de corrupción descubiertos,
aun cuando los no descubiertos o no divulgados, precisamente por la recurrente
corrupción para ocultar delitos, los descubiertos hoy ponen en la penumbra de
la memoria colectiva, si no todas, casi todas las tropelías gubernamentales de
esta república que dentro de 10 años más cumplirá dos siglos de descalabrada
existencia.
Resulta
que el segundo gobierno aprista que fenece el 28 de julio del 2011 ha vuelto a
reproducir las atrocidades de su primer fracaso de 1985-1990. Frente a lo que
ocurre hoy, el de Toledo aparece como “poco corrupto”, y hasta la charca
fujimorista, con decenas de procesados y condenados del conjunto esa hidra de la
corrupción gubernamental, parece esfumarse de esa memoria históricamente
acostumbrada a no saber amar ni odiar.
La
ideología de la corrupción
La
corrupción en el Perú no tiene vallas ideológicas en un vasto sector de
ciudadanos, votantes arrastrados por el clientelismo político o por la ideología
militarista que se prosterna ante cualquier dictador con uniforme militar.
Esa
ideología, históricamente construida por las clases dominantes y su
historiografía laudatoria, se sintetiza en el “apotegma” del dictador Manuel A.
Odría, ex gobernante del “ochenio” (1948-1956): “hechos y no palabras”,
reforzado con el eslogan “salud, educación y trabajo”, muy similar al de
“educación, tecnología y trabajo”, de la dictadura fujimorista.
Pero
la propia narración de nuestra historia republicana a través de textos y no
pocos tratados de historia para la educación superior, ha contribuido con la
ideología de la justificación del robo oficial, de la coima administrativa y te
todo tipo de maniobras para apoderarse de no menos del 30% del presupuesto
nacional en cada nivel gubernamental. En los textos aludidos figuran los
gobernantes con “sus obras”, una larga relación de caminos, parques, puentes,
edificios, escuelas, calles, etc., cuya exuberancia define su éxito y, por
tanto, su derecho a pasar a la historia patria como “el mejor gobernante” del
Perú.
En
las últimas décadas esta ideología, como percepción falseada de la realidad, se
ha extendido y sofisticado en los procesos políticos electorales, desde las
elecciones generales hasta las regionales y municipales. El gobierno municipal
de Lima es un ejemplo concreto y el más significativo, por su dimensión y por
ser el centro de la administración municipal del país. Difícil es calcular la
cantidad de dinero estatal que el Alcalde gasta en su propia propaganda, sin
mencionar la duplicación inexplicable del presupuesta de la vía “El
Metropolitano” y, probablemente, de otras obras públicas ejecutadas o en
ejecución. La propia duplicidad del servicio de la salud con los “hospitales de
la solidaridad” forma parte de esa propaganda que refuerza la ideología de la
corrupción. La reelección de Castañeda Lossio y su campaña actual por la
presidencia de la república se basa en ese sedimento ideológico,
sistemáticamente administrada en tiempos y propaganda.
Castañeda
Lossio, a través de la publicidad política y de una prensa venal y coludida con
la ideología de la corrupción, es presentado como un administrador eficaz, pues
logró privatizar gran parte de la Seguridad Social por encargo de la dictadura
fujimorista, proceso considerado como “modernización”, pero cuyos resultados no
han cambiado la pésima situación de esa institución denominada “EssSalud. Los
cargamentos de cemento, arena y fierros depositados en Lima Metropolitana son
considerados otro “éxito” de Castañeda, aunque el sistema de transporte no haya
mejorado en lo más mínimo.
Si
trasladamos el modelo Castañeda a todos los gobiernos regionales y municipales
en el Perú, no encontramos sino la misma estrategia para sembrar esa ideología
que justifica cualquier manejo irregular de los recursos a cambio de las obras
que, supuestamente, significan progreso, desarrollo, eficacia, éxito y derechos
adquiridos para seguir gobernando. Desde luego, no es Castañeda Lossio el
creador de esta forma criolla de hacer política. La historia republicana es
pródiga en comportamientos similares.
Ante
tantas carencias que tiene la población peruana pobre y oprimida, cualquier
camino, escalera, puente, parque de recreación o edificio público, puede
significar un “buen gobierno”, aunque los problemas básicos del país continúen
irresueltos, o, lo que es más lamentable, la corrupción actuada por el
gobernante y su administración se haya producido, reforzándose la permisibilidad
moral, la doble conducta y la anomia ética.
La
expresión mejor elaborada por la ideología de la corrupción hoy es: “ha robado,
pero ha hecho obras”, que en estos años vienen mencionado diversos estudiosos de
lo que estamos llamando ideología de la corrupción. Esta ideología puede
definirse como un pensamiento que falsea la percepción de la realidad objetiva
en aras de un supuesto interés práctico, inmediato y efectivo, marcadamente
individual y desligado de la percepción de conjunto de esa realidad. Quienes se
benefician de esta ideología, y la promueven, son los gobernantes, la burocracia
que los secunda en cada período y no pocos empresarios que se han acostumbrado a
los métodos de la coima para lograr ganancias.
(Cuando
el señor Luis Bedoya Reyes dijo que el robo cometido por su hijo al recibir
dinero del Estado de manos de Montesinos era sólo “un pecadillo”, estaba
falsificando la realidad, confundiendo una categoría teológica con una categoría
ético-jurídica (delito). Y no olvidemos que ese señor es asesor y jefe de la
“decente” Lourdes Flores Nano, quien, dicho sea de paso, fue Rectora de la
universidad del señor Raúl Diez Canseco, Vicepresidente defenestrado del
Gobierno de Alejandro Toledo por actos de corrupción, ex gerente de un
empresario que cambió de identidad para escapar a los juicios por narcotráfico.
La misma Flores nano, en 1998, apoyó el Tratado de Itamaratí que Fujimori firmó
con el Brasil. Como las trapacerías de Alex Kouri son más recientes y más
repugnantes, tiene las de perder frente a Flores Nano, que posee la ventaja del
olvido colectivo y sintomático de una enfermedad social muy arraigada en el
Perú).
Crisis
histórica y estructural y corrupción en el Perú
Se
puede hacer una historia social de la corrupción, mejor dicho, una sociología de
la corrupción en el mundo desde que se formaron los estados como expresiones de
las sociedades clasistas; y se puede encontrar ciertas regularidades en el
comportamiento de los gobernantes y de las clases sociales oprimidas,
regularidades entre las crisis sociales y las manifestaciones de corrupción
pública y privada en las clases gobernantes. El ejemplo más claro es el caso
del Imperio Romano, cuando el sistema esclavista entró en crisis durante los
primeros siglos de la era cristiana y los gobernantes y las clases privilegiadas
relajaron su comportamiento público y privado. En medio de esta crisis social
actuaron las rebeliones de los esclavos y la incursión de los llamados
“bárbaros”, luego los turcos, que finalmente destruyeron el Imperio. Un caso
similar, pero no igual, ocurrió en la Francia de los Luises en los siglos XV,
XVVI, XVII y XVIII, siglos de desintegración del feudalismo y el relajamiento de
las costumbres cortesana, sobreviniendo las rebeliones campesinas y luego la
lucha de la burguesía por el poder hasta el triunfo de la Revolución en 1789.
Estas regularidades en el desarrollo de las sociedades antiguas y modernas
debemos de tener en cuenta para evaluar la corrupción actual en el Perú.
En
el Perú las regularidades del proceso histórico se producen en un contexto
histórico diferente a los casos mencionados y a los de otras sociedades y etapas
históricas.
En
el caso peruano tenemos la mayor desventaja de que “nuestra” corrupción
republicana es una de las peores herencias de la sociedad virreinal, no
eliminadas por las clases dominantes de la República porque ellas mismas la
necesitaban para seguir perpetuando su dominio. Desde la cúspide del aparato
estatal han promovido ese comportamiento hasta convertirlo en un modo de pensar,
de vivir y de lograr beneficios “para la familia y los hijos”. Así, un político
como el hermano de Alex Kouri realizaba sus negocios sucios con dinero del
Estado para dotar a su familia de comodidades y aparecer como un “buen padre”.
¿Cuántos aprovechadores de los recursos del Estado no actúan con los mismos
procedimientos y propósitos, con la misma lógica y justificación de sus actos
corruptos? ¡Véase el caso Croussillac, con padre e hijo juntos! Hay, pues, una
corrupción de origen histórico, que ha ido conformado esa lacra ideológica a la
que nos hemos referido. En los países europeos la corrupción no tiene las
connotaciones ni las expresiones tan frondosas y generalizadas como ocurre en
nuestro país, pues su historia moderna vivió un proceso de cambios
revolucionarios que eliminaron, en gran parte, la ideología de la corrupción.
Quienes, entre nosotros, denigran del papel que desempeñó el gobierno
revolucionario de Maximiliano Robespierre, buscan esconder su miedo ante una
salida radical para transformar el orden social que fundamenta la
corrupción.
Pero
la corrupción en el Perú no tiene solamente un origen histórico. Es la misma
estructura económica y social imperante la que reproduce esa herencia
histórica. El contenido patrimonialista del Estado, el carácter marcadamente
privatizado de ese aparato de dominio de unas clases sobre otras, dirige y
promueve la tendencia a apropiarse de todo lo que sea posible en cuanto se asume
una posición de poder. Así, en una economía atrasada, las clases dominantes
promovieron el gamonalismo entre ellas mismas, arrinconando cada vez más a las
masas indígenas hasta convertirlas en aparceros, yanaconas y arrendires, cuando
no en absolutos desposeídos de sus tierras. Llegó la oportunidad de extraer y
vender el guano y el salitre, las mismas clases en el poder se enriquecieron,
asociándose a los capitalistas extranjeros. ¡Qué no podemos decir, en lo que
atañe a Loreto, con la explotación del caucho y la concentración de la propiedad
de las “tierras de monataña”.
Con
el neoliberalismo esa mentalidad patrimonialista se ha profundizado con la
tendencia privatizadora de la economía y de los servicios sociales. Lo que el
presidente Alan García pretende hacer con las tierras de la Amazonía es
venderlas y, como lo demuestra el caso Cofopri bajo su mando (¡Qué no estará
bajo su mando!), serían ventas con apropiaciones de recursos bajo la manga, en
caso de que el pueblo y los indígenas bajen la guardia.
Los
cambios jurídicos no acabarán con la corrupción
En
el Estado actual, con una derechización generalizada de la sociedad y el avance
del neoliberalismo en las políticas gubernamentales y en la propia mentalidad de
la gente de todos los estratos sociales, no es posible, acaso, ni erosionar la
corrupción. Las instituciones llamadas a combatirla no cuentan con contingente
suficiente de personas honestas como para imponer condiciones de honestidad en
el juzgamiento de los delincuentes. Son los corruptos los que manejan esas
instituciones, abierta o subrepticiamente. El revés sufrido por el Fiscal
Avelino Guillén cuando postuló a un cargo en el aparato judicial, es la prueba
más evidente de que hay una corrupción de tipo estructural, vale decir,
institucional del Estado, de un Estado en crisis irreversible dentro de los
moldes del capitalismo y, en particular, del modelo neoliberal.
Las
propuestas de reforma jurídica constitucional y penal que está presentando el
candidato a la presidencia Ollanta Humala, especialmente la no
prescriptibilidad de los delitos de hurto en agravio del Estado y la no
aplicación de los privilegios penitenciarios a estos delincuentes “de cuello y
corbata”, son importantes, pero insuficientes para terminar con el flagelo que
corroe al viejo Estado peruano, que requiere una remoción total de su actual
estructura económica y social. Hasta su aprobación en el propio Parlamento
peruano es bastante improbable, pues esa institución también es la guardiana del
orden social actual en descomposición.
Nuevamente
volvemos a la regularidad histórica en el Perú de hoy: a la crisis profunda de
la sociedad peruana, corresponde la profundización de la corrupción. ¿Cuándo
nos convenceremos de la necesidad de transformar de raíz el Perú?
Es
el pueblo el que, con su lucha consciente y organizada, la que decidirá no
solamente la erradicación de la corrupción, sino, como condición sine qua non,
la creación de un nuevo Estado en el Perú.
Fuente
