El candidato Alan García ha propuesto la libre desafiliación de los trabajadores de los Fondos Privados de Pensiones, el retorno de esos fondos a sus afiliados para la adquisición de viviendas, así como el 100% de su consignación a los deudos o familiares en caso de fallecimiento del afiliado.
En otras palabras, García ha propuesto afectar los pocos recursos financieros nacionales de instituciones que -y lo subrayo como condición suspensiva- reorganizadas en su administración y bien dirigidas hacia un Plan Estratégico de Desarrollo, tendrían el enorme potencial de crear un mercado de capitales en un país sediento de inversiones productivas y urgido de cambios estructurales en su economía.
La irresponsable oferta es un espejismo producto de la demagogia de un candidato en aprietos. Me explico: El Perú debe invertir en proyectos que le permitan sentar las bases para un crecimiento sostenido (léase diversificación productiva) y pasar de cualquier crecimiento -o el crecimiento sobre la única base de la exportación de minerales- a uno cualitativamente superior que le permita llegar o, al menos, avizorar el umbral del desarrollo.
Contra ese propósito atenta nuestro trágico déficit en infraestructura, lo que ha sido confirmado en un reciente estudio económico de Perú Top Publications, cuantificándolo en la exorbitante suma de US$ 120 mil millones de dólares (o lo que tendría que gastar forzosamente el país en los próximos 10 años en los sectores de transporte, agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones, de los cuales el 71% corresponde a provincias fuera de Lima). No es de extrañar, entonces, que el Perú ocupe el decimotercer lugar en el ranking de calidad de infraestructura en la región, según el Reporte de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial.
A esa limitante realidad, debemos añadir el desventajoso perfil económico que presenta el Perú después de tres gobiernos inexplicablemente divorciados de un proyecto de diversificación productiva (entre ellos el segundo gobierno del propio candidato García). Ni primario ni manufacturero, ni fundamentalmente una economía de enclave (aunque ciertas inversiones internacionales en el sector primario fueron colocadas en los países del grupo andino para la compra de propiedades mineras), ni esencialmente manufacturero industrial. En los últimos años se organizó en el país y en la región una economía terciaria dependiente del capital internacional y sin retorno significativo o reproductivo de inversión, la misma que está sufriendo una disminución que coincide con la desaceleración de la venta de empresas públicas, con el período propiamente de inversión extranjera (en cumplimiento de las condiciones de venta de esas empresas, lo cual se ignoró), y con el dominio transnacional, especialmente español y americano, del sector finanzas, dirigido precisamente hacia la búsqueda de más mercados de servicios.
En ese contexto, que añadido a la caída del precio de nuestros metales por la desaceleración de la economía china y las negativas tendencias de las inversiones internacionales (volumen y productivas), no es de extrañar la imposibilidad del Perú de promover patrones estables de acumulación de capital y de ahorro interno. Y por ello resulta vital para el país buscar o crear vetas de inyección de capital.
Sin embargo el candidato García, urgido por las encuestas que lo estarían colocando en un cuarto lugar de las preferencias ciudadanas, parece haber privilegiado los sondeos de opinión, lanzando propuestas electorales populistas y disociadas del gran problema nacional descrito líneas ut supra, tal como lo hizo el 2006. Esta vez con un “plan” que, supuestamente, beneficiaría a los afiliados de los Fondos Privados de Pensiones, pero cuya aplicación afectaría los únicos recursos financieros nacionales disponibles que – reitero y subrayo– bien dirigidos en el marco de un Plan de Desarrollo pueden ser orientados ventajosamente al mercado nacional para cubrir las necesidades urgentes del país.
Agréguese que la propuesta efectista de García NO ataca al problema medular que origina los abusos que día a día afectan a los afiliados a los Fondos Privados de Pensiones. Me estoy refiriendo, claro está, al factor Gobierno de esas instituciones. Porque si realmente se quiere terminar con el escandaloso atropello que sufren los afiliados a los FPPs – con la venia del Superintendente de Banca, Seguro y AFPs, más ocupado en hacer turismo-, la restructuración de los Fondos Privados de Pensiones debe empezar con una medida eficaz y realmente efectiva que ponga fin al despotismo que reina en sus directorios.
Para ello se debe otorgar el derecho de los afiliados a tener una equitativa representación en los directorios de las AFPs, representación que, además, pueda ser elegida (sin derecho a reelección) por los propios afiliados mediante el sufragio.
De otro lado, la oferta de García también demuestra la nula voluntad del establishment político de articular sus iniciativas electorales a un proyecto nacional moderno, a una propuesta realista de desarrollo y transformación económica estructural integrada, además, a un programa político.
Porque para reorientar debidamente los recursos de los trabajadores depositados en fondos privados de pensiones más democráticos, no solamente es preciso restructurar sus directorios o contar con un Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el estado, como se propone en esta entrega. También es preciso reconstruir, primero, el propio estado peruano para que exista la voluntad política de votar un plan de esa naturaleza. Ese estado será el producto de un nuevo consenso nacional sobre la base política de las instituciones gremiales, empresariales, sociales y civiles del país (e incluso los propios Fondos Privados de Pensiones); en otras palabras, las fuerzas productivas de la nación que representadas en un nuevo Pacto Social debidamente constituido reestructure la economía del Perú y le dé sentido y orientación a su futuro.
Ello nos lleva, nuevamente, a otra propuesta que resulta fundamental para el país. Me estoy refiriendo a la imperiosa necesidad de reestructurar el poder político y la producción a través de una nueva organización representativa, que no es otra que el Congreso Económico Nacional.
En una secuencia lógica de propuestas realmente socialdemócratas o, para el caso que nos ocupa, verdaderamente apristas, situadas popularmente en un contexto histórico diferente y moderno, es decir un nuevo estado representado por las fuerzas productivas, un Congreso Económico Nacional, un Plan de Desarrollo Nacional votado por ese congreso y fondos nacionales de pensiones reorganizados y con planes estratégicos de desarrollo nacional elaborados por un nuevo estado peruano, la propuesta del presidente García no solamente carecería de todo sentido para tornarse en simple espejismo efectista (por ello el sugerente título de este articulo), sino que además colisionaría abiertamente con el programa político del jefe y fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, y que él hace mucho abandonó para entregarse a la vieja oligarquía del país.
MARCO ANTONIO FLORES VILLANUEVA
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