Se aprovechan de indignación para hacer cortina con la pena de muerte

Dice el congresista Hernando Cevallos, del Frente Amplio, al comentar el proyecto de ley fujimorista que plantea la pena capital a violadores de menores de edad.

Ramiro Angulo

En entrevista con el Diario UNO, el legislador Hernando Cevallos, del Frente Amplio, conversó sobre el proyecto de ley que busca sancionar con pena de muerte a los violadores de menores de edad, sobre las diversas investigaciones del caso Odebrecht, que por el momento han pasado a un segundo plano, debido al debate por esta polémica iniciativa.

En su calidad de miembro de la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la reconstrucción del norte, Cevallos habla sobre la renuncia de Pablo de la Flor de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y sugiere algunas medidas que podrían contribuir a una más efectiva labor de esta institución.

—¿Le parece que el tema de la pena de muerte podría ser una cortina de humo para tapar las investigaciones por el caso Odebrecht?
—Claro, yo creo que puede haber más de un motivo para tratar de poner en vidriera el tema de la pena de muerte. Un elemento es que efectivamente hay temas muy importantes en debate y la pena de muerte es un tema mediático que sensibiliza mucho a la población, sobre todo, porque se trata de pena de muerte frente a crímenes atroces, frente a violación y muerte de niños menores de 5 años, entonces, esto obviamente genera en la población una sensación de no a la impunidad, una sensación de castigo frente a estos crímenes, se apela a las fibras de sensibilidad más íntimas de la población y aparecen quienes proponen este tema, sobre todo los fujimoristas, como muy preocupados frente a temas que también son parte de una preocupación social grande, de la indignación, entonces, creo que es un tema donde ellos deben haber evaluado que aparecen como ganadores por distintos lados porque, ¿quién se va oponer a castigar a un monstruo, no?

—El interrogatorio de Marcelo Odebrecht va a ser este 9 de noviembre y él ya ha declarado que donó dinero a los principales partidos políticos…
—Sí, además tenemos la solicitud de una reprogramación de la intervención de Keiko ante el Ministerio Público que creo tiene que ver con conocer cuáles son las respuestas de Odebrecht para que no aparezcan contradicciones y es cierto que acá la señora Keiko Fujimori está sumamente complicada, pero, necesitamos insistir en que el Ministerio Público lleve una investigación a fondo. Lo que ha hecho hasta ahora es una serie de ampliaciones injustificadas en relación con el tema de Keiko Fujimori porque estas declaraciones de Marcelo Odebrecht no son de ahora y no son la única situación que genera una serie de suspicacias e indicios en relación de la señora Fujimori con temas de corrupción.

SIN JUSTIFICAR

—Ese día en la Fiscalía ella va a tener que dar cuenta del tema de los cocteles de los que solo se justificaron 2 de cinco, ¿qué le hace pensar que haya tres millones de soles sin sustentar hasta ahora?
—Bueno, con un secretario como Joaquín Ramírez qué otra cosa podemos pensar sino que ha habido dinero que probablemente venga de lavado de activos.

—El expresidente García ha rechazado que la Fiscalía lo investigue bajo la Ley de Crimen Organizado, ¿qué piensa sobre esto en la medida en que hablamos de solo un marco legal?
—Cómo no se va a plantear esta figura si los principales asesores del presidente García están denunciados por una serie de ilícitos y por tener dinero que no pueden justificar. Hay cuentas bancarias que han sido de estrechos colaboradores de García y el Ministerio Público está pensando que es bastante plausible que pueda haber una conexión con todos estos funcionarios. Es lamentable que exista la vieja costumbre de buscar chivos expiatorios en el país, cayó Humala con Nadine y parece que nadie más de su entorno tiene nada que ver en actos de corrupción, lo que yo creo es que la ciudadanía quiere que no haya impunidad, que se investigue a fondo y hay muchos indicios para pensar que aquí habían grupos organizados para delinquir robando al Estado.

—El fiscal Hamilton Castro se quejó de filtración de información de las investigaciones del caso Lava Jato, en específico de esta en la que el publicista Valdemir Garreta señala que a través de Jorge Barata se le hizo un importante pago por sus servicios, ¿usted cree que se pueda estar contaminando el proceso?, ¿cómo ve la labor de la Fiscalía?
—Yo la veo muy lenta, yo no puedo entender cómo pueden pasar uno o dos años y sigamos todavía sin haber lanzado prisiones preventivas, sin haber planteado una denuncia formal.

—Regresando al tema inicial, ¿usted no está de acuerdo con que se aplique la pena de muerte?
—La gente está pensando que la pena de muerte la merecen aquellos que comenten crímenes atroces, pero, esto no se va a solucionar así en un país donde por ejemplo tenemos un psiquiatra para cada 300 mil peruanos, que tenemos 1,500 psicólogos en todo el país, donde tenemos una población enferma, sin actuar en estos niveles hablar de la pena de muerte en el país para resolver estos problemas es una hipocresía, plantear la pena de muerte como una solución frente a estos crímenes atroces es querer aprovecharse de la sensibilidad de la población para darle una satisfacción momentánea pero que no resuelve ningún problema.

NO MIENTAN

—¿La salida podría ser penas más severas?
—No, la salida sería trabajar para sacar adelante a esta sociedad, monstruos hay en todos lados y tienen que ser castigados con la severidad del caso. Si quieren que haya pena de muerte, pero que no engañen a la gente, que no le mientan, que no se aprovechen de la sensibilidad de la gente, la indignación de la gente para hacerles creer que si nosotros ponemos la pena de muerte como castigo vamos a tener menos enfermos mentales, vamos a tener menos psicópatas, vamos a tener una mejor sociedad, eso no es verdad.

¿PARA QUE SIGAN HACIENDO LO MISMO DE SIEMPRE?
—¿Para qué quieren facultades?

—¿Qué medidas cree que se deban tomar con el nuevo Presidente Ejecutivo de la ARCC, Edgar Quispe?

—Hay que fortalecer el rol de la Contraloría, hay que darle recursos económicos, técnicos y equipos. Necesita personal debidamente calificado, necesita crear una proporcionalidad entre la capacidad operativa de la Contraloría y la cantidad de obras que tienen que abordarse y se tendría que diseñar de otra manera en qué etapas va a participar la Contraloría. La Contraloría debe acompañar desde el principio hasta el final incluso después de que terminan las obras todos estos procesos y hasta ahora lo que ha pasado es que la Contraloría ha intervenido solo en las etapas iniciales y han tenido que retrotraerse estos proyectos más de un mes, en el caso de Piura, porque cuestionó el proceso la Contraloría, solicitó incluso que se revisará la composición del comité de licitaciones que ha sido conformado por el propio gobierno regional -que me parece un escándalo- y tampoco la Contraloría puede actuar de manera concurrente en los proyectos de obras por impuestos porque la ley no se lo permite.

¿Cree que el Congreso deba darle facultades al Ejecutivo para que legisle en el tema de la reconstrucción?
—¿Para que sigan haciendo lo mismo de siempre?, porque si yo le voy a dar facultades para que me rediseñe la reconstrucción y así me lo muestra la premier, pues claro que sí. El presidente ha ido a Piura y lo que ha dicho aquí es los que protestan están ladrando y gritando mientras nosotros avanzamos y para el proceso de descolmatación en todos los diarios había salido que todos los organismos técnicos de la región estaban haciendo observaciones y ¿para eso quieren facultades?, para legalizar que las empresas hagan de la reconstrucción un festín.

CASO DE TOLEDO
Hay lentitud en el manejo de la extradición

—En el caso de Toledo hay dos investigaciones que están yendo cada cual por su lado, ¿cree que deban unificarse?
—Y además denuncias del Poder Judicial de que los fiscales no han estructurado adecuadamente la denuncia ante la Fiscalía, lentitud en el manejo de la extradición de Toledo, ahí hay una situación realmente lamentable. Yo comparto la inquietud de la ciudadanía de que acá hay muchos intereses que se están moviendo y que se están generando presiones sobre el Ministerio Público para que no actúe con la energía y rapidez que necesitamos.

—¿Cree que sean presiones o también ineficiencias propias del Ministerio Público?
—No, yo creo que son presiones, creo que hay presiones políticas, yo no creo en casualidades o en la ineficiencia permanente.

MANIFIESTA
Hay que cambiar diseño de reconstrucción

—Usted es miembro de la comisión parlamentaria de seguimiento de la reconstrucción del norte, ¿qué le pareció la salida de Pablo de Flor de la presidencia ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC)?
—Me gustaría que más que el cambio de De la Flor se hubiera cambiado el diseño de la reconstrucción.

—¿En qué sentido?
—En varios sentidos, primero, la ley marco de la reconstrucción con cambios está diseñada para favorecer las inversiones sin ningún tipo de control y fiscalización y sin asegurar que estas inversiones -estamos hablando de más de 25 millones- generen proporcionalmente un efecto beneficioso para las regiones, ¿por qué tendrían que hacerse estos cambios?, porque la ley de reconstrucción con cambios no asegura una planificación, si yo tengo que reconstruir 7 mil o 8 mil millones en una región tengo que planificar esa inversión y saber qué tipo de región voy a tener después de invertir esa cantidad de dinero.

—Y esto no se garantiza…
—De ninguna manera, porque la reconstrucción se está haciendo en primer lugar como una suma de proyectos de los gobiernos locales y regionales que han sido finalmente decididos por un zar plenipotenciario. Ni siquiera las regiones han podido actuar con carácter vinculante en ninguno de estos espacios, todo lo decide este zar, este zar acepta o no acepta los proyectos que le alcanzan pero no hay ningún organismo técnico, ni regional, ni nacional que planifique como se va a manejar esta autoridad.

Rodríguez admite que errores judiciales impiden aplicación de pena de muerte

Titular del Poder Judicial recordó el caso del ‘Monstruo de Armendáriz’, quien fue fusilado en 1957, ´pero luego se conocieron evidencias de su presunta inocencia.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, admitió que los errores en el sistema de justicia no son garantía para eventualmente ampliar el alcance de la pena de muerte en nuestro país.

Sostuvo que si bien respeta las posiciones generadas a favor y en contra de la propuesta que ha regresado al debate político, él se opone a dicha iniciativa que ha encontrado resistencia por las consecuencias que genera para el Perú.

PUEDES VER: Yeni Vilcatoma pide la renuncia de Enrique Mendoza por respaldar pena de muerte

“Pero es verdad. Justamente, uno de los motivos para que no haya pena de muerte son los errores judiciales”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Rodríguez recordó, por ejemplo, el caso del ‘Monstruo de Armendáriz’, quien en 1957 fue condenado a pena de muerte por secuestrar, violar y asesinar a un niño de 3 años. El hombre de 35 años terminó fusilado.

“Ahora existen muchas evidencias de que habría sido una condena a un inocente. Pero en fin, son errores ya irreparables”, acotó el presidente del Poder Judicial en esta línea.

“Si se quiere restablecer la pena de muerte, tendría que modificarse la Constitución en el terreno nacional. Pero en el terreno internacional, tendríamos que abandonar el Pacto de San José de Costa Rica, o sea la Convención Americana de Derechos Humanos”, agregó.

El juez supremo remarcó no es propio de en Estado de derecho abandonar los organismos que cautelan las libertades individuales y de derechos por una propuesta que puede tener otras soluciones, como endurecer las penas y reducir los beneficios penitenciarios.

Yeni Vilcatoma sobre Pena de muerte: Mendoza desató cortina de humo para no tocar temas urgentes en su sector

La excongresista fujimorista Yeni Vilcatoma dijo esta mañana que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, desató una “cortina de humo” al pronunciarse a favor de la iniciativa fujimorista para instaurar la pena de muerte en casos de violación de menores de edad. Su obejetivo con esto habría sido evitar referirse a otros aspectos urgentes controversiales referidos a su sector, según expresó la legisladora.

“Yo considero que esto (la propuesta de pena de muerte) es una cortina de humo desatada por el ministro de Justicia cuando tiene la obligación de atender asuntos muy urgentes que quedaron mal atendidos con la salida de la señora (María Soledad) Pérez Tello”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

La exprocuradora precisó que Enrique Mendoza está evitando tocar otros temas de su protafolio que sí son relevantes en la actualidad y que necesitan ser aclarados, como la modificación al Decreto de Urgencia 003-2017, que establece requisitos a la venta de activos de Odebrecht en Perú.

“(El ministro de Justicia y Derechos Humanos) tiene que responder sobre cuál va a ser el destino del Decreto de Urgencia 003, las demoras de la extradición (a Alejandro Toledo), las irregularidades del Decreto de Ley que ha modificado la colaboración eficaz (…), que tiene que hablar sobre la autonomía de la Procuraduría”, señaló.

“Hay muchas cosas que tiene que responder el ministro, pero nos sale con esta idea que ha generado todo un bolondrón”, manifestó.

Kenji cuestiona ‘Ley Lan’: “No se debe brindar exoneraciones a empresas aéreas”

El legislador de Fuerza Popular afirmó que la iniciativa debe regresar a las comisiones para ser reevaluada.

El congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, se mostró en contra del proyecto de ley que permite las exoneraciones tributarias a empresas aeronáuticas y afirmó que esta debe regresar a las comisiones para ser reevaluadas.

“La ‘Ley Lan’ debe retornar a comisiones. No se debe brindar exoneraciones a empresas aéreas con matrícula extranjera“, precisó el menor de los hermanos Fujimori Higuchi.

Como se recuerda, esta iniciativa fue impulsada por la bancada naranja y aprobada por Comisión de Transportes, presidida por el fujimorista Roy Ventura. Finalmente, fue aprobada por el pleno del Congreso por 51 votos.

“Si hubiésemos tenido un Congreso bicameral, esto (exoneraciones tributarias a aerolíneas) no se hubiese debatido de manera precipitada”, indicó.

El proyecto también ha sido cuestionado por los ministros de Economía, Claudia Cooper, y  Comunicaciones, Bruno Giuffra.

DESCLASIFICANDO ARCHIVOS SOBRE KENNEDY...

Las presiones del FBI y la CIA evitan la divulgación de los documentos más comprometidos por motivos de “seguridad nacional”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitió hoy la publicación de más de 2.800 documentos hasta ahora clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy y algunas actividades de la CIA, pero retuvo algunos tras recibir presiones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la propia Agencia Central de Inteligencia (CIA). En estos papeles se desvelan detalles como el miedo de los soviéticos a que “algún general irresponsable de EE.UU.” lanzara un misil contra ellos.

La publicación de la última tanda de archivos aún clasificados sobre el tema que posee el Gobierno estadounidense tenía en vilo a historiadores y aficionados a las teorías de la conspiración, pero la Casa Blanca alargó la expectación hasta última hora de la tarde.

Trump quiere que el público esté informado
Fue entonces cuando Trump, que ya había adelantado que planeaba autorizar la publicación de los informes, anunció su decisión de permitir que los Archivos Nacionales divulgaran hoy 2.891 documentos, y retener algunos de ellos debido a lo que fuentes oficiales describieron como presiones de la CIA y el FBI.

“Hoy ordeno que el velo finalmente se levante” para que “el público pueda estar informado de todos los aspectos sobre este acontecimiento crucial”, dijo Trump en un memorando presidencial.

El mandatario reconoció que su equipo le había pedido que retuviera parte de la información de los documentos, y que no tenía “otra opción” que aceptar esas censuras en lugar de permitir un daño potencialmente irreversible a la seguridad” de Estados Unidos.

Pero Trump dio seis meses a sus agencias -hasta el 26 de abril de 2018- para que revisen las razones por las que han decidido mantener ocultos ciertos documentos y “minimicen los extractos censurados” para publicarlos cuanto antes, según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado.

La CIA y el FBI querían proteger la identidad de algunos “informantes”
A la CIA y el FBI les preocupaba que los archivos expusieran “la identidad de individuos” que fueron sus “informantes” y pueden seguir vivos hoy; y que dieran detalles sobre “actividades que se llevaron a cabo con el apoyo de organizaciones extranjeras aliadas”, explicó a periodistas un alto funcionario, que pidió el anonimato.

Varios expertos en la historia y los documentos sobre Kennedy ya habían adelantado que los archivos del Gobierno que aún estuvieran ocultos estarían, en su mayoría, solo “tangencialmente” relacionados con el asesinato, y no contendrían ningún “bombazo”.

Eso se debe, en parte, a que un comité especial ya revisó hace dos décadas estos mismos documentos y clasificó la mayoría como “no relevantes”, por no estar directamente vinculados al asesinato. Pero los historiadores esperaban encontrar alguna respuesta sobre la visita a México del presunto asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, seis semanas antes del infame suceso.

Los archivos recién publicados contienen menciones al programa que utilizó la CIA para escuchar las conversaciones en las embajadas de Cuba y la Unión Soviética en la capital mexicana, ambas visitadas por Oswald en septiembre y octubre de 1963. “En 1970, había un archivo cronológico de la vigilancia en las embajadas cubana y soviética (...) pero esos archivos habrían sido destruidos”, indica un documento de marzo de 1978.

Lo que los expertos esperaban encontrar en los documentos eran detalles sobre la naturaleza del acuerdo que la CIA alcanzó con el Gobierno mexicano para montar esa vigilancia, según dijo a Efe el juez federal John R. Tunheim, que encabezó el comité independiente que revisó todos los documentos del Gobierno entre 1994 y 1998.

Algunos documentos mencionan el viaje a México del presunto asesino de Kennedy

Algunos documentos mencionan el viaje de Oswald a México: un cable fechado el 28 de noviembre de 1963 habla de un “rumor” de que éste había depositado “5.000 dólares (4.200 euros) en un banco de Estados Unidos” durante su visita a la capital mexicana, pero otro cable de marzo del 1964 asegura no haber encontrado pruebas de ello, a no ser que el presunto asesino de Kennedy hubiera usado otro nombre.

Otro cable refleja una entrevista con la secretaria del cónsul cubano en México, Silvia Durán, que asegura que Oswald le pidió un visado de tránsito por Cuba de camino a la Unión Soviética y que, cuando vio que conseguirlo era difícil, se “enfadó extremadamente”

En otro documento, el FBI revela que, poco después del asesinato de Kennedy en 1963, recibió una llamada en la que alguien amenazaba con matar a Oswald, quien fue disparado mortalmente por Jack Ruby dos días después de haber matado al presidente.

Pero algunos de los documentos más interesantes no hablan del asesinato, sino de la cultura y acciones del Gobierno estadounidense en una década de paranoia y lucha anticomunista.

Un largo informe analiza “la implicación de la CIA en planes para asesinar a líderes extranjeros”, entre las que destacan sus numerosos intentos de acabar con Fidel Castro, pero también las armas que proporcionó para que mataran al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, o su complot contra el congoleño Patrice Lumumba.

Esos documentos, y los que seguirán publicándose a lo largo de las próximas semanas y meses por orden de Trump, podrán saciar la sed de algunos historiadores, pero es improbable que disipen las numerosas teorías de la conspiración sobre el asesinato de Kennedy.

“Probablemente, esas teorías se seguirán debatiendo durante un siglo”, aseguró a Efe el juez Tunheim.

Yonhy Lescano: “Alan y Keiko deben estar presos al igual que Humala”

Lescano dice que si el fiscal Pérez confirma supuestos sobornos y aportes millonarios a García y Fujimori, debe solicitar de inmediato la prisión preventiva de ambos

Fiel a su estilo, directo y sin medias tintas, el congresista Yonhy Lescano pidió prisión preventiva para el exmandatario Alan García y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, si se comprueban sus estrechos vínculos económicos con la empresa brasileña Odebrecht, protagonista de la más grande red de corrupción en nuestro país y en Latinoamérica.

“La Fiscalía debe comenzar a acelerar el trabajo y dictar medidas como se dictó con Ollanta Humala, es decir, la prisión preventiva para Alan y Keiko”, indicó Yonhy Lescano en diálogo con diario Exitosa, tras indicar que el fiscal José Domingo Pérez tiene la responsabilidad de confirmar si recibieron dinero y si amerita, solicitar prisión preventiva, a su regreso de Brasil.

“Hay que decirle al fiscal que actúe con valentía cuando vaya a Brasil y que no tenga miedo a los más de 70 parlamentarios fujimoristas y los del Apra”, agregó con relación al interrogatorio del fiscal José Domingo Pérez al empresario Marcelo Odebrecht, el próximo 9 de noviembre, que permitirá conocer la verdadera participación de Alan García y Keiko Fujimori en los supuestos pagos de sobornos y aportes millonarios a la campaña presidencial, respectivamente.

Lescano rechazó que Alan García haya sido engañado por Odebrecht sobre las coimas recibidas por sus exfuncionarios, porque él (García) como presidente tenía que estar al tanto de todo lo que  ocurría en su gestión.

“CORRUPCIÓN NO LLEGA SOLA”

Por su parte, el legislador Víctor Andrés García Belaunde sostuvo: “La corrupción no llega sola, llega acompañada de una o varias personas”, a propósito de las visitas de altos ejecutivos de Odebrecht a Palacio de Gobierno durante el régimen aprista. Por ello, rechazó que el exmandatario haya podido ser engañado por el mandamás de la constructora brasileña.

“El presidente (Alan García) ha recibido y frecuentado a estos nuevos mafiosos de la construcción y por lo tanto hay gente de su entorno y colaboradores cercanos que han facilitado este tipo de corruptela”, agregó.

Para ‘Vitocho’, el fiscal José Domingo Pérez no tiene ninguna excusa para venir con las manos vacías de Brasil y “debe llevar todas las preguntas e indicios razonables para que sea un buen interrogatorio”, indicó.

Precisó que el representante del Ministerio Público ha tenido el tiempo suficiente para prepararse y cumplir un buen papel, toda vez que el país se lo reclama.

“Yo le preguntaría a Marcelo Odebrecht, ¿cuánto fue el beneficio económico que obtuvo con todas sus coimas?”, indicó el parlamentario, tras detallar que superarían los 20 mil millones de dólares el perjuicio económico que ocasionó la constructora brasileña a nuestro país, además del desprestigio del Perú en la comunidad internacional, ya que nos ven como una nación donde impera la corrupción bajo una estela de impunidad.

Seguimos pagando

García Belaunde señaló que nuestro país sigue pagando las obras de Odebrecht. “El Perú sigue pagando los peajes corruptos, el mantenimiento de obras sobredimensionadas, obras con precios exagerados como en Olmos. Todo el país paga la corrupción de Odebrecht y sus consorciadas, esto no lo podemos permitir”, subrayó.

Recordó que Odebrecht se jactaba de “sacar y poner presidentes” en Latinoamérica, y para hacerlo creó una ideología de la corrupción que se había prácticamente instaurado en el Perú.

Fiscalía seguirá investigando a Keiko bajo la Ley de Crimen Organizado

La Sala Penal de Apelaciones determinó que el proceso indagatorio contra la lideresa de Fuerza Popular siga bajo la Ley de Crimen Organizado.

La Sala Penal de Apelaciones ratificó que la Fiscalía siga investigando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a su esposo, Mark Vito Villanella, en el marco de la Ley de Crimen Organizado y el Nuevo Código Procesal Penal.

La decisión de la referida sala se da después de que la jueza Catalina Pérez Escalante rechazara el pedido formulado por el fiscal José Domingo Pérez para investigar a la excandidata presidencial bajo esta modalidad por el presunto delito de lavado de activos.

El jurista Guillermo Olivera Díaz explicó al diario UNO que sala ordena que Keiko, su esposo y otros miembros de la presunta organización criminal sean investigados bajo las reglas de Crimen Organizado.

“Sala corrige así la inicua decisión de la jueza de primera instancia que no accedió al pedido del Ministerio Público en el sentido que a Keiko y demás se le investigue como organización criminal, montada en la estructura de su partido político Fuerza Popular”, declaró.

“Seguirá siendo investigada como crimen organizado con reglas más severas. La juez tiene que acceder a los diversos pedidos del fiscal, como es levantar el secreto bancario, tributario, bursátil, la reserva de sus comunicaciones, impedirle la salida del país, embargarle sus bienes, y hasta pedir del juzgado le dicte prisión preventiva si se logra acopiar los elementos de convicción de sospecha grave de la comisión de los delitos investigados, como lo ha determinado el Pleno Casatorio Penal Supremo último”.