El Poder Judicial acogió el pedido de la Fiscalía y dictó 18 meses de prisión preventiva a Edwin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de ProInversión para la Línea 1 del Tren Eléctrico.
Luyo Barrientos es el primer funcionario detenido en nuestro país por presuntamente haber recibido coimas de la empresa Odebrecht para beneficiarla en licitaciones de obras públicas, en este caso del Metro de Lima, realizada durante la gestión de Alan García.
El titular del Tercer juzgado de Investigación Preparatoria, Ricardo Manrique, indicó que Luyo estará en prisión hasta el 19 de julio del 2018.
Durante la lectura de la sentencia, el magistrado precisó que existe convicción en la comisión del delito de cohecho pasivo propio por parte del exfuncionario durante el gobierno aprista.
Asimismo, admitió la tesis del Ministerio Público acerca del presunto delito de lavado de activos en el caso de Luyo, debido al movimiento de dinero por medio de una empresa offshore, a una entidad de la banca privada de Andorra.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, a cargo del caso, explicó que “a través de AEO Group INC, la empresa Odebrecht transfirió la suma de US$196 mil el 11 de julio del año 2013; así como también, el 11 de abril de 2014, la suma de US$304 mil a la cuenta Oblong International INC, vinculada al imputado Edwin Luyo”.
sueldos de los maestros de la III a la VIII escala, se ha oficializado el incremento de las horas pedagógicas de 32 a 35 horas semanales, despido de maestros y maestras por evaluaciones frondosas que no calzan con el tiempo de ejecución de las pruebas. Al parecer los gobiernos sólo tendrán en planillas en una media 50% de maestros y maestros en la I y II escala nada más; 10% de la III a la VIII escala en cargos directivos, jerárquicos, 40% de maestros y maestras en situación de contrato; pues las vacantes de ascenso de escala están matemáticamente calculados en esa perspectiva; no todos los que aprueben la evaluación lograrán un ascenso, sino, dependerá de el número de cupos que se establezca y éstas metas están fríamente calculados. La meritocracia se ha deslucido, creo que conviene ahora iniciar una nueva carrera, la política!!! El magisterio al poder, en lo cargos de presidente, ministros, congresista, alcalde, gobernador, consejero, regidor, para defender la escuela pública, mejora de los aprendizajes de niños y niñas, mejora de la calidad de vida de los peruanos, recuperar el Estado para los peruanos y mejorar la calidad de vida de los maestros y maestras, no veo otro camino, nuestras autoridades no tienen una perspectiva de amor por el Perú!!!.Unidad maestros y maestras!!!!
Lamentablemente 16 congresista de la Comisión permanente no aceptaron muestra propuesta de no aprobarla. Los PPK, APP, AP y algunos de FS sumaron esos votos ante nuestra insistencia de negación. La Ministra afirma que es de gran beneficio para los Maestr@s. Ahora ell@s tiene la palabra. Nuestro punto de vista desde el Frente Amplio, es que si bien habrá incremento salarial y permite que docentes de IES tengan su incremento, esto no puede estar condicionado al incremento de la jornada laboral del maestro, la reducción de los % remunerativos en las diferentes escalas y persistir em el despido magisterial.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso el otorgamiento de 400 soles de bonificación por escolaridad para los trabajadores del sector público, la cual se abonará, por única vez, en la planilla de pagos del mes de enero del 2017.
El Decreto Supremo Nº 001-2017-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, precisa que la bonificación se otorga a los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y la Ley N° 29944; los docentes universitarios a los que se refiere la Ley N° 30220 y al personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153.
Asimismo, a los obreros permanentes y eventuales del sector público; el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; y los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley N° 15117, los Decretos Leyes N°s 19846 y 20530, el Decreto Supremo N° 051-88-PCM y la Ley N° 28091.
Los trabajadores del sector público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada perciben la bonificación por escolaridad conforme al numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley N° 30518. 2.3, mientras que los servidores penitenciarios perciben bonificación por escolaridad de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley N° 29709.
Podrán percibir la bonificación el personal del sector público que esté trabajando a la fecha de vigencia de la presente norma, o en uso del descanso vacacional, o de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios a que se refiere la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
También aquellos que tengan una antigüedad de servicio no menor de 3 meses a la fecha prevista hasta la publicación de la norma. Si no contara con el referido tiempo, dicho beneficio se abona en forma proporcional a los meses laborados.
El Decreto Supremo está refrendado por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y por el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne.
Estudiantes de 5to grado de primaria escuchan atentamente la clase de una entusiasta maestra, que explica con gran despliegue de recursos (videos, poemas, relatos) la simbología de una cultura ancestral. Varios alumnos responden con interés a las constantes preguntas de la profesora, dando sus opiniones e impresiones sobre el tema de la presentación. La maestra los escucha atentamente y al término de cada intervención sonríe y asiente, expresando su conformidad con las palabras «muy bien», «muchas gracias», llamando a cada uno por su nombre, para inmediatamente retomar su discurso en la parte en que lo dejó. A simple vista, se trata de una docente convencida del valor de la participación de los estudiantes en su propio aprendizaje, pues lo incentiva y propicia a cada instante. Salvo por un detalle.
En ningún momento se detiene a recoger las opiniones de sus alumnos para propiciar un diálogo o incluso un debate, relacionándolas con el propósito de la clase y con las ideas que ha ido exponiendo. A decir verdad, la profesora ha escuchado a todos con atención y respeto, pero no ha abandonado en ningún momento su propio discurso. Si nadie hubiera opinado, la clase hubiera sido exactamente la misma.
Esta es una manera de entender la participación. Como un rito, un rito amable por cierto, pero vacío. Todos pueden hablar, pero sus opiniones solo son dignas de gratitud, no de convertirse en objeto de reflexión, diálogo e intercambio.
Escena 2
Un grupo de estudiantes universitarios, encabezados por su Centro Federado, habla con el decano de su facultad de educación para pedirle que propicie una mayor participación de los alumnos en actividades culturales y académicas diversas al interior de la facultad. Es importante que se involucren en el debate de los temas de la agenda educativa que interesan al país, le dicen, y que no se limiten al papel de receptores pasivos de conocimientos. El decano es de la misma opinión y le promete realizar un ciclo de paneles, conferencias y conversatorios que sometan a diálogo abierto varios temas críticos de la política educativa, invitando incluso a las propias autoridades. Se acuerdan los temas y las fechas. En efecto, el ciclo se desarrollaría después a lo largo de una semana, incluyendo cine fórum y teatro, con estricta puntualidad y buena organización. Salvo por un problema.
En todas las actividades desarrolladas, la participación de los estudiantes fue mínima. Auditorios raleados, donde el público incluía profesores y algunos alumnos de otras facultades, escasas preguntas, ninguna discusión relevante. Los mismos promotores de la iniciativa aparecieron en una que otra actividad, no en todas. Como es fácil deducir, el decano quedó desconcertado.
Esta es otra manera de entender la participación, como un reclamo. Esta vez, de canales y oportunidades, pero que después no se utilizan, porque todos se encuentran ocupados en asuntos más importantes que la cosa pública o el bien común. Pero luego seguirán reclamando, esta vez por decisiones que se tomaron sin ellos.
Escena 3
Un ciudadano que cree sinceramente en el valor de la participación difunde una opinión en las redes sociales sobre un tema de política pública, con el interés de provocar un diálogo entre sus contactos sobre las ideas que está exponiendo. Elige el tema, reúne información, coteja datos, reflexiona, elabora un pensamiento y lo argumenta, luego lo escribe, lo revisa, lo corrige, hasta lo da a leer para recoger aportes que le ayuden a comunicar mejor lo que quiere decir. Está convencido de lo que dice, pero a la vez abierto a escuchar opiniones distintas que lo hagan pensar y considerar otras perspectivas. Después lo publica. Se siente satisfecho pues está ejerciendo un derecho, le interesa aportar, cree realmente que el gobierno de su país es responsabilidad de todos. Pero surge un problema.
Al poco tiempo de haberlo publicado, personas diversas le dejan comentarios agresivos, unos sarcásticos, en los que se burlan de sus opiniones, otros que lo atacan a él como persona, atribuyéndole una serie de calificativos que ponen en duda su honestidad o acusándolo directamente de algo malo en base a suposiciones, con el afán de ridiculizarlo o restar credibilidad a sus palabras. No discuten sus ideas. No argumentan un punto de vista contrario. Solo se limitan a hacer afirmaciones opuestas, dándole el valor de una verdad indiscutible.
Esta es otra manera de entender la participación, como oportunidad para la descalificación y el rechazo de cualquier postura distinta, como negación del otro, lo que se hace sacando la discusión del terreno de la razón para llevarlas al terreno de la moral, escandalizándonos por el hecho inconcebible de que alguien piense diferente y se atreva a retar nuestras creencias.
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Todo el proceso alrededor de la interpelación y la censura al ministro Jaime Saavedra, incluida la campaña sobre la supuesta «ideología de género», tal como ocurrió durante el último proceso electoral, ha puesto de relieve el lado más irracional y tanático que es capaz de exhibir un sector de peruanos en la vida pública, y que los ha revelado más predispuestos a avasallar e imponer sus intereses a cualquier precio, aún a costa de la verdad, que a participar con actitud ciudadana en el debate de ideas.
En los últimos 20 años se ha puesto mucho énfasis en la inclusión de la educación ciudadana de nuestros estudiantes en el currículo escolar, aunque han sido muy pocas las veces que se han evaluado estas capacidades a través de pruebas nacionales. De hecho, los programas nacionales de formación docente han acentuado más los temas de didáctica para la enseñanza de la matemática y la lectura que para los temas de educación ciudadana, quizás desde la premisa –según las estadísticas- de que cada punto de mejora en la alfabetización básica de los estudiantes puede mover hacia arriba los indicadores de crecimiento del Producto Bruto Interno del país. Es decir, beneficia el crecimiento y la modernización del país.
Alberto Vergara advirtió el pasado noviembre de las graves consecuencias políticas de haber sobrestimado la teoría de la modernización hasta el punto de creer que, cuando los países se modernizan, es decir, «cuando se urbanizan, superan niveles de pobreza extremos, aumentan sus tasas de alfabetización, complejizan y fortalecen sus economías, entre otros indicadores sociales y económicos, también desarrollarán unos sistemas políticos más democráticos, institucionalizados, inclusivos». El problema, dice Vergara, es que a estas alturas la teoría hace agua: «Después de años brindándole la más absoluta prioridad al crecimiento económico y constatar que su expansión no se traduce en unas instituciones más sólidas y legítimas, ni en una política más ordenada, es hora de ponerla en entredicho. Este país es mucho más rico que hace veinte años y, sin embargo, se nos desmondonga política e institucionalmente por todos lados».
El informe del Latinobarómetro para el 2016 señala que la satisfacción con la democracia «cae desde el 38% en 2015 al 34 % en 2016, y viene disminuyendo sin pausas desde 2009, en una correlación bastante nítida con el deterioro del crecimiento desde 2010». Dice el informe que este decrecimiento se encuentra muy relacionado al funcionamiento de los gobiernos, pero que históricamente ha sido inferior al apoyo a la democracia. Es decir, podríamos no estar conformes con los gobernantes pero sin disminuir por eso nuestra adhesión a la democracia como sistema político. No obstante, la realidad es otra. En Latinoamérica, la mitad de la región piensa que vale la pena un gobierno autoritario si acaso resuelve las demandas sociales. Quienes piensan así en el Perú suman el 40% de la población.
Hoy por hoy, en las escuelas del país, es decir, en aquellas entidades heredadas del siglo XIX que jamás fueron concebidas como organizaciones democráticas, la participación de los estudiantes es prácticamente inexistente o es apenas un rito vacío o es un canal abierto pero nunca transitado (los CONEI por ejemplo) o es una oportunidad para la burla y la descalificación.
Ahora que ser troll en las redes sociales se ha vuelto un oficio remunerado, que haya gente que cobra un sueldo por insultar y difamar es una señal muy clara del grado de deterioro de la ya débil conciencia democrática que hemos exhibido como sociedad a lo largo de la historia republicana. Y cabe preguntarse si esta clase de individuos, que hasta llegan a ser profesionales, son fabricados en las escuelas y si son un producto directo de una educación que no sabe cómo se enseña a pensar, pero sí a repetir sin reflexión lo que otros dicen.
El reto para los educadores es múltiple. Empieza por aceptar que una buena alfabetización básica está lejos de ser suficiente para formar ciudadanos que creen en la democracia y la ejercen consecuentemente; por convencerse de que enseñar los contenidos curriculares de la ciudadanía en las aulas, en el contexto de una escuela autoritaria, donde los adultos establecen con los estudiantes una relación de dominio, es un contrasentido inaceptable; por hacer de la participación de los alumnos una experiencia productiva de intercambio de miradas y construcción de acuerdos, no una pantomima ritual; por aprender y enseñar a respetar ideas distintas, a discutir racionalmente y a no arrojar al fuego de la abominación al que se atreva a pensar distinto. Pobre mi país, las escuelas lo reflejan de tantas maneras. Pero en este, como en muchos otros temas, una de las claves del cambio está en las aulas.
Compartimos con ustedes los 112 decretos legislativos expedidos al amparo de la Ley 30506, Ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.
A propuesta del Ejecutivo, el Congreso redujo de 30 a 20 años el tiempo para alcanzar la octava escala magisterial. Incrementos son en promedio S/ 200, pero oferta de Kuczynski del sueldo mínimo docente de 2 mil soles se cumplirá recién en el 2018.
En una sesión maratónica, sin debate previo en la Comisión de Educación y con una votación fraccionada del fujimorismo, la Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer una serie de modificaciones a la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944), en atención a un proyecto de ley tramitado con urgencia por el Ejecutivo.
La premura de esta aprobación, según dio a entender la ministra de Educación, Marilú Martens quien acudió a sustentar la propuesta, tenía que ver con la necesidad de asegurar el incremento salarial docente para este año.
El vocero del fujimorismo, Luis Galarreta, aprovechó este contexto para recordar que el presidente Pedro Pablo Kuczynski había ofrecido en campaña aumentar el sueldo de los maestros a dos mil soles, para el presente año.
El legislador oficialista Vicente Zeballos le recordó que el mandatario, así como el premier Fernando Zavala, ya precisaron que esta meta será alcanzada en 2018.
Ello fue corroborado por la ministra Martens. “Estamos trabajando para que esto se llegue en el año 2018”, aseveró, al tiempo de mostrar su satisfacción con lo aprobado en el Congreso, al señalar que ahora habrá aumentos más significativos, principalmente para los docentes de la primera, segunda y tercera escala magisterial (ver cuadro).
Sin embargo, los legisladores Lucio Ávila, Richard Arce y Édgar Ochoa criticaron que esta modificación para el incremento salarial incluye también un incremento de horas de trabajo para los maestros.
En respuesta, Juan Sheput sostuvo que la nueva norma solo busca reconocer las horas de trabajo que realizan los maestros fuera de las aulas.
ASCENSOS MÁS CORTOS
Por otro lado, con la modificación aprobada en el Congreso, los maestros ya no tendrán que esperar 30 años para alcanzar la octava escala salarial. El plazo ha sido reducido solo a 20 años.
Siguiendo la misma lógica, los plazos para los ascensos en todos los demás niveles de la escala magisterial también serán más cortos.
El legislador del Frente Amplio, Richard Arce, expresó su desacuerdo debido a que, en forma paralela, se redujeron los porcentajes para los incrementos salariales a partir de la tercera escala.
“Anteriormente, el maestro que llegaba a la octava escala podía tener un aumento del 260% de la remuneración íntegra mensual; ese porcentaje se redujo a 210%”, criticó.
Tal malestar fue compartido por el presidente de la Comisión de Educación, el fujimorista Lucio Ávila, quien propuso mantener los porcentajes de la Ley 29944, sin obtener respaldo en su bancada.
Evaluación y castigo
En el Congreso también se aprobó la propuesta del Ejecutivo para modificar los plazos para la evaluación. Si con la anterior ley el plazo máximo para la evaluación era de tres años, ahora será de cinco.
El parlamentario del Frente Amplio, Édgar Ochoa, criticó que la mayoría del Congreso no haya eliminado la figura del retiro de la Carrera Pública Magisterial, como castigo para quienes desaprueban la evaluación en forma reiterada.
El fujimorista Lucio Ávila también propuso retirar esta sanción. “No me parece una decisión justa”, expresó; pero tampoco obtuvo el apoyo de su partido.
En la sesión de la Comisión Permanente hubo muestras de improvisación. Fue necesario un cuarto intermedio, periodo en el cual tampoco se logró el consenso.
Al final, la Ley 29944 fue modificada solo con 16 votos (el mínimo necesario del quórum). Votaron en contra Richard Arce y Edgar Ochoa, del Frente Amplio; y también los fujimoristas Héctor Becerril y Daniel Salaverry.
Los ascensos
Los docentes ahora ascenderán en plazos más cortos. Si antes llegaban a la segunda escala magisterial en 3 años, ahora lo harán en 2 años. Si antes se alcanzaba la tercera escala en 7 años, ahora será solo en 4 años.
Los plazos para seguir ascendiendo son de 7 años (cuarta escala); 10 años (quinta escala); 13 años (sexta escala); 16 años (séptima escala), y 20 (octava escala
INICIATIVA PERMITIRÁ ADEMÁS RECONOCER HORAS ADICIONALES QUE LOS MAESTROS TRABAJAN FUERA DE LAS AULAS: El proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Educación (Minedu),que modifica la Ley de Reforma Magisterial, fue aprobado esta tarde por la Comisión Permanente del Congreso. Dicha norma permitirá incrementar la base salarial docente a partir de este año, tal como lo explicara la titular del sector Marilú Martens Cortés, al señalar que se trata de una prioridad en la agenda de la reforma educativa nacional.
Así el piso salarial se elevará este año de S/.1.555 a S/.1.780 con la previsión de que ningún maestro del ámbito público gane menos de S/. 2 mil en el 2018, indicó. Los docentes de la primera a la cuarta escala salarial, que representan el 95% del magisterio, tendrán incrementos de 20% a 30% por ser los que menos ganan. Los que están en las escalas superiores también recibirán aumentos pudiendo llegar hasta S/. 3500 en el 2018, detalló durante su exposición ante la Comisión Permanente.
"Reconocemos la gran labor que realizan todos los maestros y maestras", manifestó al señalar que esa iniciativa legal aprobada modifica la Ley de Reforma Magisterial para lograr que la carrera docente sea más atractiva y competitiva, permitiendo que la remuneración se incremente en promedio en 20% del 2017 al 2018.
De igual modo, reconoce económicamente la labor que realizan los profesores después de dictar clases, como es el caso de la atención que brindan a los padres de familia fuera del horario de trabajo o la corrección de exámenes o la preparación de sus sesiones.
Paralelamente, la norma permitirá que los docentes puedan ascender de la primera a la octava escala salarial en veinte años y ya no en treinta años como ocurre ahora. De ese modo, el docente podrá ver un incremento de 23% en su remuneración en menor tiempo, refirió. Y en el caso de un profesor de educación rural podría lograr en trece años llegar a la octava escala.
Martens fue enfática al manifestar que se tendrá que "primar el mérito" y que la visión del Minedu es brindar salarios competitivos y una adecuada proyección de carrera para los maestros. Recalcó, que se continuarán realizando evaluaciones docentes para lograr un avance en la escala magisterial, así como para acceder a nuevos cargos o ingresar a la carrera magisterial.
También, con el fin de garantizar una educación de calidad, se mantendrán las evaluaciones de desempeño pero ya no serán cada tres años sino cada cinco, explicó. En estos casos, las direcciones regionales de educación (DRE) brindarán apoyo técnico a los comités de evaluación.
En el caso de los directivos de las instituciones educativas, ellos se mantendrán en sus puestos ya no tres sino cuatro años y luego tendrán que dar un examen para ser ratificados, agregó. Y en el caso de los directores de la unidades de gestión educativa local y de las DRE serán evaluados cada dos años y ya no de manera anual.
Otro cambio legal aprobado es que los docentes que están en la tercera escala podrán postular al cargo de directores de colegios públicos, teniendo cuatro años de experiencia en la carrera magisterial. Martens observó que con estas medidas se continuará la reforma educativa sobre la base de una real revalorización docente con lo cual se podrá atraer y retener a los mejores profesionales.
Se debe anotar que para lograr estas mejoras, el sector educación contará con un presupuesto equivalente a S/. 26.181 mil millones, de los cuales la mayor parte del gasto corriente será destinado al pago de salarios. La ministra expresó su agradecimiento a la Comisión Permanente y felicitó a los maestros del país recordando que en su calidad de educadora ha trabajado también en escuelas rurales conociendo de cerca la realidad del sector y sus necesidades, las cuales se irán atendiendo a través de la reforma educativa.
