sábado, 6 de diciembre de 2014

Desde el lado del corazón

Homenaje a Quehacer en su última edición (1979-2014).
Mientras escribo esta nota tengo delante de mí el primer número de Quehacer –“realidad nacional, problemas y alternativas”– con portada de fondo lúcuma y olor a papel viejo por los treinta y cinco años que han pasado desde que, en 1979, se fundó esta revista que he seguido con aprecio e interés durante todo este tiempo.
En esas tres décadas y media, Quehacer debatió, revisó, discutió y planteó las distintas miradas al Perú y al mundo desde la visión de la propia izquierda nacional.
Cuando Quehacer se fundó, los temas relevantes eran el retorno a la democracia tras un gobierno militar que planteó una revolución con las ideas de izquierda, y que produjo una tremenda crisis económica.
Pronto llegó Sendero para poner todo patas arriba y plantearle al país, y a la propia izquierda peruana, uno de los desafíos más complejos, lo cual puso en cuestión su propia identidad, fundamentos y creencias.
Después vino el primer gobierno de Alan García con un programa supuestamente izquierdizante que llevó al país al borde del abismo. Saliendo de ese desastre, se ingresó al fujimorismo que la izquierda ayudó a llevar al poder –y a la cual desembarcó rápido– y que terminó modernizando el país en lo económico, y derrotando al terrorismo, pero destruyendo la institucionalidad y la democracia, y ejecutando una corrupción tan profunda que hasta hizo palidecer a la del primer alanismo.
Luego vino la fase democrática postfujimorista que ha mantenido la recuperación económica pero ahondando la crisis institucional y de los partidos, con una izquierda peruana que no ha sido una excepción.
Y ahora está el nacionalismo de Ollanta Humala, que llegó por la izquierda y con la izquierda, pero que ahora gobierna ya no se sabe muy bien por dónde, pero sin la izquierda, a la cual pronto desembarcó.
Ahora, la izquierda anda buscando, con mucha confusión y no poca dificultad, su propio espacio en medio de un país que sigue cambiando con rapidez, y tratando de construir una plataforma propia para no depender de un ómnibus al que se sube pero no controla ni dirige.
Quehacer ha sido en estos treinta y cinco años turbulentos y complejos, desde sus números iniciales dirigidos por Henry Pease, hasta los de ahora liderados por Balo Sánchez León, con la participación de personas entrañables como Cancho Larco o Federico Velarde, entre muchos otros, la revista que presentó, con inteligencia y realismo, de una manera sistemática, los puntos de vista desde la izquierda sobre los temas relevantes del país, y teniendo la apertura suficiente para invitar a gente que –como este columnista– no era de ese lado para opinar sobre ellos.
Se le va a extrañar a Quehacer.

Perú: Aún hay 406,177 niños con desnutrición crónica

El país sigue como modelo en la lucha contra esta problemática, pero hay distritos del interior donde porcentaje de menores mal alimentados llega al 80%.

Avance. Perú ha mejorado, pero aún hay trabajo por hacer.  Miles de niños sufren de desnutrición en casi todas las regiones del país.  (Heiner Aparicio)
Avance. Perú ha mejorado, pero aún hay trabajo por hacer. Miles de niños sufren de desnutrición en casi todas las regiones del país. (Heiner Aparicio)
Juanito Quispe y Juanito Choque parecen tener mucho en común: llevan el mismo nombre de pila, nacieron en el mismo año (en 2011) y ambos son cusqueños. Sin embargo, sus diferencias son mayores:mientras que Juanito Quispe vive en el distrito de Lamay, mide 98 centímetros y pesa 16 kilos, su tocayo, pese a tener la misma edad, mide 11 centímetros menos y pesa solo 13 kilos.
Juanito Choque vive en Omacha, un distrito donde la desnutrición crónica infantil alcanza al 80% de los niños de la zona. Sin duda esa es la mayor diferencia entre los dos ‘Juanitos’. El primero es un niño sano, mientras que el segundo tiene desnutrición crónica.
Aunque el Perú ha avanzado notablemente en disminuir la tasa nacional de desnutrición crónica infantil, aún hay grandes diferencias entre los distritos y provincias más desarrollados y los más alejados. En el año 2009 la tasa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años bordeaba el 27%, pero, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del INEI, al año 2013 el porcentaje bajó a 17.5%, lo que quiere decir que uno de cada cinco niños estaban desnutridos.
Pero las cifras siguen mejorando. Ariela Luna Florez, viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), señaló que, al primer semestre del presente año, la tasa de niños menores de 5 años con desnutrición crónica en el país bajó a un 14.1%. Pero, aunque la estadística es positiva, aún es preocupante, ya que quiere decir que en el Perú todavía hay 406,177 menores desnutridos.
MUCHA DISPARIDAD
Paul Martin, representante en el Perú del Fondo las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señaló que, pese a que las cifras están mejorando, aún esconden la disparidad que prevalece en las zonas alejadas de la sierra, así como en las regiones amazónicas y las comunidades indígenas.
“Sin negar el avance del Perú, hay regiones, como Cusco, que tienen una tasa de desnutrición del 20%, pero tiene distritos –como Omacha y Lares– con porcentajes de desnutrición crónica infantil que llegan al 70 y al 80%”, puntualizó.
EDUCACIÓN Y AGUA SEGURA
La viceministra Luna Florez agregó que otros factores que influyen en el tema son la falta de educación de la madre y el consumo de agua no tratada.
“En madres que tienen educación superior solo se presenta un 4.5% de desnutrición crónica, pero en hijos de mujeres analfabetas la desnutrición crece a 30%. Asimismo, en hogares que consumen agua no tratada,* la tasa de desnutrición es de 25%,* cinco veces más que la que existe en hogares con agua clorada, donde el porcentaje es solo 5%”, precisó.
APOYO A REGIONES
Ante la problemática, Luna enfatizó que el Gobierno trabaja de forma interinstitucional para garantizar el buen desarrollo del niño. Desde el Midis se ha puesto en marcha el Fondo de Estímulo para el desempeño, donde los niños reciben un paquete completo de intervención que incluye cuatro componentes: el primero para que la gestante reciba atención a fin de descartar VIH, sífilis, anemia e infección urinaria.
El segundo paquete incluye el control de crecimiento y desarrollo del niño, así como las vacunas, el suplemento para la anemia, la consejería en desarrollo y su DNI. El tercer paquete está referido alacceso de los niños a la educación inicial y el cuarto al acceso al agua clorada para consumo humano.
Adicionalmente, se aprobó un decreto de urgencia para transferir al Midis 230 millones de soles con los cuales se realizará el mantenimiento de 8,500 sistemas de agua y saneamiento en los centros poblados más pobres de 16 regiones del país donde el nivel de agua clorada está entre 0% y 25%.
“Con estas intervenciones se controlará mejor al niño, se evitará diarreas, infecciones respiratorias y anemia”, concluyó.
Durante el periodo 2007-2012, el Perú logró reducir la tasa de desnutrición crónica infantil en más de diez puntos porcentuales.
Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y San Martín son las regiones que más han bajado la tasa de desnutrición crónica.
En el área rural, la desnutrición crónica infantil alcanza una tasa de 32.3%.
Por Mariella Sausa (msausa@peru21.com)

UGEL 01 REGALA DINERO DEL SUB CAFAE A GRUPO DELINCUENCIAL PATRIA ROJA (AMADO OLIVA)



NO FIRMAR PADRON DE AFILIADOS DEL CEN SUTEP (PATRIA ROJA), EXIGIR ENTREGA DE PANETONES CON CAP DEL COLEGIO.

Los "seudorigentes del SUTE XIV" (Amado Oliva, Flor Contreras, Víctor Jara, Jacinto Gutiérrez, Miguel Aldave) vienen bajando a las  bases con  un  PADRON DE  AFILIADOS" del  CEN  SUTEP con  el propósito  de inflar los  registros  de los traidores de la Huelga Nacional del 2012, tramitar  los  descuentos  sindicales  de  s/. 5.00 mensuales y utilizar  los  datos personales  de los maestros para fines políticos afines  a los intereses  de  PATRIA ROJA. Acondicionan la  entrega de panetones, presionando a los maestros, "si no  firmas no  te entregamos panetón".   A  este  nivel de podredumbre moral ha llegado esta organización  delincuencial empotrada  en  el  CEN,  sin elecciones universales y apoyando a  sucesivos  gobiernos a  cambio de controlar  la  Derrama Magisterial, Direcciones Regionales de Educación y UGELES.


 
 Convocamos  a  las bases  a rechazar  a los  traidores del  magisterio peruano  encabezado por  AMADO OLIVA,  elegido  a dedo a  dedo por Hamer Villena y "reconocido"  por  LUCY  BARRERA MACHADO(UGEL 01)  que  ya ha  gastado  recursos  del SUB CAFAE realizando un  campeonato deportivo  y un evento cultural de  Canto y Baile  fantasmales,  sin participación de los maestros ni de  las  instituciones  educativas. (Qué fácil se llevan  el dinero los dueños  de la  Derrama Magisterial). Los fondos con los  cuales  se adquieren los panetones corresponden a los  descuentos que  se  efectúan a los maestros,  de manera  que  EXGIGAMOS que esta  entrega  sea  a  través  del  CAP  suscrito por  el  Director de  cada  institución educativa.
BASTA  DE  CHANTAJES, ENTREGA DE  PANETONES  CON  CAP DEL COLEGIO.

FUERA  USURPADORES  DEL SUTE  14  SECTOR


FUERA LA CORRUPCIÓN DE LUCY BARRERA Y PATRIA ROJA DE LA UGEL 01

MAESTRO ES DIGNIDAD Y NO CORRUPCIÓN


EXIJAMOS LA ENTREGA DEL PANETON CON EL CAP DEL COLEGIO Y NO CON EL CHANTAJE DEL PADRON DE AFILIADOS DE LA CORRUPCIÓN Y TRAICIÓN DEL CEN SUTEP PATRIA ROJA

viernes, 5 de diciembre de 2014

Más que un sí o un no

La seguridad en los espectáculos deportivos
El anuncio sobre que la policía no brindará seguridad a los partidos de fútbol el año 2015 ha generado un intenso cruce de opiniones rotundas en las que predominan el rechazo o la aprobación, un escenario que no permitirá una salida en la medida en que no se pongan las cosas en el contexto legal y real, al mismo tiempo.
Los principales argumentos a favor del anuncio es que el fútbol como actividad privada debe pagar los costos de su seguridad, como lo hacen los espectáculos artísticos, y que no se puede distraer a la policía, cuyos efectivos deben dedicarse a combatir el delito. En contra del anuncio se emplazan las opiniones que sostienen que la misión constitucional de la policía es el orden público, que esta actividad no puede ser dejada en manos de privados, y que las instituciones que organizan los partidos de fútbol pagan sus impuestos y en esa medida tienen el derecho de recibir la protección desde el Estado.
Lo que ha ocurrido en el partido disputado por los equipos del Alianza Lima y el Sporting Cristal en el Estadio San Agustín de Arequipa ofrece un modelo real y no teórico del problema: 1) se destinaron 1,500 policías para la seguridad dentro y fuera del estadio; 2) una parte de ese contingente se encargó de vigilar a los barristas de ambos equipos a su llegada al estadio; 3) el partido fue calificado de alto riesgo, por los peligros dentro y fuera del estadio; 4) entre las funciones propias de la seguridad para garantizar el acto deportivo se realizaron labores de identificación de personas, detención de requisitoriados, detención de personas en flagrante delito y decomiso de objetos punzocortantes; y 5) otros 1,500 policías se destinaron a garantizar el orden público en los actos de cierre de campaña de los dos movimientos políticos que el domingo disputarán la segunda vuelta de las elecciones regionales. Los datos disponibles no permiten estimar cuántos efectivos policiales están destinados a la ciudad de Arequipa y el número de estos que se ocuparon de las otras labores policiales.
Es razonable considerar que el fútbol debe operar como lo que es, un espectáculo privado, y asumir una parte de los costos de su seguridad, sobre lo que desde los equipos de fútbol se revela que ellos pagan los refrigerios de la Policía, el traslado de la caballería y el combustible. Junto a ello sería equívoco señalar que el fútbol es solo un espectáculo privado, ignorando las actividades que a él concurren dentro y fuera de los estadios que obligan a que el Estado no renuncie a su poder de policía.
El asunto se complejiza cuando se incumplen disposiciones legales en dos ámbitos, la violación de la ley dentro de los estadios en las tribunas pobladas de supuestos hinchas que en actitud tumultuosa agreden a personas y se enfrentan a la policía sin consecuencias de interdicción, y fuera de ella la existencia de las llamadas “barras bravas”, la coartada de pandillas que en algunas oportunidades llegan a los estadios protegidos por la policía.
En este debate, lo más importante es la erradicación de la violencia en los espectáculos deportivos y no más o menos policías en los estadios. El punto central es una estrategia desplegada por el Estado para pacificar el deporte. Ello no pasa ni por mantener el actual sistema en el que la policía es usada solo para contener el delito en el fútbol, ni abandonar a su suerte a los estadios. Se necesita más que un sí o un no.

Minedu aplaza hasta 31 de diciembre cierre definitivo de ANR y Conafu

La norma inicialmente dispuso una plazo de 90 días.
Con el ánimo de preservar la continuidad de los servicios relacionados a  la entrega de grados y títulos así como de carnés universitarios, el Ministerio de Educación (Minedu) ha optado por postergar hasta el 31 de diciembre el cierre definitivo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
En esa fecha, las funciones de la ANR serán asumidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) que iniciará sus operaciones desde el primer día del año 2015.
También, en esa misma ocasión, dejará de operar el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU).
El objetivo del Minedu es concluir el proceso de desactivación de ambas instituciones de manera ordenada en concordancia con el término del año fiscal.
Esta postergación es consecuencia de la Séptima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, que faculta al Minedu a ampliar el plazo de cierre de ser necesario medianteResolución Ministerial N°542.
La norma inicialmente dispuso una plazo de 90 días –hasta el 3 de diciembre-- para realizar el cierre presupuestal, patrimonial, administrativo, de personal y financiero de la ANR y del CONAFU.

El reino de la impunidad

El Perú sale mal parado en el reciente Índice de Percepción de la Corrupción preparado cada año por Transparencia Internacional (TI), el registro comparado más útil en la materia, pero viendo el asunto con una perspectiva local, es obvio que el resultado pudo ser peor.
Los tres países latinoamericanos percibidos como más corruptos son Venezuela, Paraguay y Nicaragua, los cuales aparecen en los puestos 161, 150 y 133, respectivamente, en una lista global de 175 naciones.

Justicia peruana en manos de ‘nuevas’ autoridades.
A diferencia, los países de la región percibidos como de mayor transparencia son Chile y Uruguay, empatados en el puesto 21.
Como referencia, a nivel mundial, los países mejor ubicados son Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, mientras que los peor posicionados –una especie de Sodoma y Gomorra del choreo público– son Somalia y Corea del Norte.

El Perú aparece en el puesto 85 a nivel mundial, habiendo logrado un puntaje de 38 en una escala en la que 100 es lo mejor en transparencia y cero es lo peor en corrupción.
Muchos factores contribuyen a la ubicación de cada país en el ranking, desde la tolerancia nacional a la corrupción, capacidad de denuncia de de los medios, la transparencia de las instituciones públicas, o la capacidad del sistema judicial de actuar con inteligencia y prontitud con el fin de evitar que reine la impunidad.
En este último aspecto, el Perú ofrece un cuadro deplorable, y qué mejor expresión de ello que el anuncio reciente de la exclusión de cuatro procesados por el caso de los ‘petroaudios’ debido a la prescripción de los delitos que se les atribuía, lo cual ha beneficiado, entre otros, a Alberto Químper (‘don Bieto’) y Fortunato Canaán.
Es obvio que el mayor ‘faenón’ no fueron los ‘petroaudios’ sino el operativo que inmediatamente puso en marcha el gobierno aprista para darle impunidad a los responsables.
Esto ocurre con frecuencia por un Poder Judicial lamentable que, con escasas y valiosas excepciones, constituye un centro de enjuague de los delitos de los poderosos.
Qué mejor expresión reciente de ello que el anuncio reciente del Poder Judicial de haber rechazado las querellas interpuestas por Rodolfo Orellana contra un grupo de periodistas –incluido este columnista–, algo que constituye un mérito institucional del Centro Liber, pero que tengo la sospecha de que hubiera sido imposible si el hoy ya detenido estafador siguiera libre y mangoneando a su gusto a la justicia peruana como lo hizo por tanto tiempo.
Es un asunto que ojalá les pudiera interesar a las ‘nuevas’ autoridades que ayer fueron elegidas para comandar nuestro tan desprestigiado Poder Judicial que con frecuencia parece el reino de la impunidad.

García tiene miedo

El expresidente Alan García es, hemos dicho, un hombre de palabra fácil y bolsillo acogedor. En el caso de los favores que otorgó a narcotraficantes exhibió a manos llenas (de dólares) ambas cualidades. Habló hasta por los codos sobre cómo estudió caso por caso para conmutar las penas, y cómo incluso había consultado a Dios antes de firmarlas. No era un chiste.
En cuanto al bolsillo, o más bien la billetera, propicia al cuánto hay, está claro que hubo pagos escondidos y que de eso sabe Miguel Facundo Chinguel, quien fuera presidente de la Comisión de Indultos nombrado por su compañero de partido Alan García.
Para defenderse, García no recurrió al diálogo con el Supremo Hacedor, sino a la Corte Suprema. Intentó ampararse en un caso judicial y un procedimiento también judicial, para afirmar que en su caso la Megacomisión que investiga casos de corrupción en su gobierno no cumplió con el debido proceso. Fue una artimaña que acaba de ser desvelada por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.
En una decisión adoptada por unanimidad en dicha Comisión se precisa que los procedimientos de una comisión investigadora del Congreso no son los mismos que los de un tribunal judicial. La Comisión del Congreso investiga denuncias, ubica responsabilidades, acumula pruebas, pero no dicta sentencia.
El exfiscal Supremo Avelino Guillén recuerda que el fiscal que examina el escándalo de los narcoindultos ha pedido 17 años de cárcel para Chinguel, pero observa, asimismo, que Chinguel se limitaba a armar los expedientes, mientras que García y su ministro de Justicia Aurelio Pastor se encargaban de evaluar los indultos o las conmutaciones de pena, y resolver con sus firmas.
Con un agravante esto último. Las penas dictadas por el Poder Judicial no pueden ser cambiadas por el Ejecutivo. De lo contrario tendríamos en el Perú un Poder Judicial paralelo, en abierta infracción constitucional y anulación de facto de la separación e independencia de poderes. Eso, aparte del pútrido proceso por el cual el Apra maneja el aparato judicial desde las palancas más altas hasta las más bajas.
Favorecer con gracias presidenciales a narcotraficantes es contrario a la ley y peligroso para la seguridad ciudadana. En México asistimos todos los días a episodios que demuestran hasta qué punto es peligrosa, es criminal, la alianza entre el poder político y el narcotráfico.
García sabe la gravedad de sus responsabilidades. Por eso acude a tinterilladas confusionistas. Sus maniobras son síntomas del miedo que invade a los culpables.