‘Carlos’ y ‘Arturo’, por Fernando Rospigliosi

Por menos de lo que se acusa a Urresti están presos César Álvarez y Gregorio Santos

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• Fernando Rospigliosi
• Analista político

Hugo Bustíos, corresponsal de "Caretas", fue asesinado el 24 de noviembre de 1988, en Huanta, Ayacucho. Era un periodista desarmado que iba en una motocicleta con otro colega, Eduardo Rojas, a cubrir una información. No murió en un enfrentamiento ni alcanzado por una bala perdida. No. Fue asesinado por un grupo de militares que lo querían matar a él y le tendieron una emboscada. Fue un crimen con premeditación, alevosía y ventaja.

En los 90 la revista "Caretas" identificó a algunos de los culpables, pero el Ejército y el fuero militar encubrieron a los responsables del asesinato de Bustíos, que dejó viuda e hijos huérfanos. El año 2003 la Comisión de la Verdad envió el caso al Poder Judicial, que procesó y condenó en el 2007 a dos de los culpables: el entonces comandante de la base militar de Castropampa Víctor La Vera Hernández, quien dio la orden de matar a Bustíos, y el entonces capitán Amador Vidal Sambento, uno de los autores materiales.

El 2008 la Corte Suprema ratificó las condenas a 17 y 15 años de cárcel respectivamente y ordenó ampliar las investigaciones porque, como es obvio, había otros culpables. Bustíos había sido emboscado por varios militares que lo hirieron a balazos y luego se acercaron y lo remataron haciéndolo volar con una granada. (Rojas logró escapar). Es mentira, entonces, que el caso estaba cerrado, como afirma Daniel Urresti.

El 2009 comienza la investigación ampliatoria ordenada por la Corte Suprema y es ahí donde aparece el nombre de Daniel Urresti, ‘Arturo’, que era el capitán jefe de inteligencia de la base de Castropampa. Hasta ese momento sus compañeros, por un equivocado espíritu de cuerpo, lo habían protegido.

Es falso también lo que afirma Urresti, que a él recién lo involucran el año pasado a raíz de sus acciones contra la minería ilegal. Está implicado en la investigación desde el 2009. Es más, en 1991, en el fuero militar, La Vera Hernández y Vidal Sambento mencionaron a un capitán, pero no dieron el nombre verdadero.

En la investigación, varios testigos señalaron a Urresti y a su inseparable subordinado, el suboficial Johnny Zapata, ‘Centurión’, como participantes directos de la emboscada a Bustíos y Rojas.

Las evidencias que incriminan a Urresti son tantas –el suboficial Zapata ya falleció– que el fiscal que investigó el caso en Ayacucho decidió acusar a Urresti el 7 de junio del 2013. El 17 de junio del 2013 el juez penal consideró que había suficiente evidencia y le abrió proceso que ha sido derivado a una sala penal en Lima. La sala determinó que Urresti sea juzgado en libertad pero con restricciones: impedimento de salida del país, etc. Es decir, no se tratan de simples sospechas o la declaración de una persona, como afirma falazmente Urresti.

La acusación es precisa: "Por disposición del jefe de base Víctor Fernando La Vera Hernández, fueron emboscados y atacados [Bustíos y Rojas] por miembros del ejército peruano de la base militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de Arturo, con la participación del sargento Johnny José Zapata Acuña, conocido con el apelativo de Centurión…".

Las diferencias entre el fiscal y juez se refieren a si Urresti estaba en el lugar ordenando el asesinato o si él mismo disparó.

Ahora corresponde a la Fiscalía Penal Superior proceder con la acusación.

Por menos de lo que se acusa a Urresti están presos César Álvarez y Gregorio Santos, recién en la etapa de investigación, mientras que Urresti ya está procesado. Los jueces consideran que Álvarez y Santos en libertad pueden usar su poder para obstaculizar las investigaciones. ¿Y Urresti no usará el inmenso poder del Ministerio del Interior para amedrentar, chantajear, extorsionar o comprar a testigos, fiscales y jueces?

En la década de 1990 asistimos a una situación similar, cuando muchos miraban para otro lado y no querían saber nada de Vladimiro Montesinos, con el argumento –falso por cierto– de que era eficaz, sin importar los delitos que cometiera.

En suma, en el Perú de hoy, cuando vivimos en varios aspectos una suerte de restauración montesinista, algunos piensan que si el capitán ‘Carlos’ es presidente de la República, ¿por qué el capitán ‘Arturo’ no puede ser ministro del Interior?

¿Qué trae la ley universitaria?, por Jaime Saavedra

Por varias décadas, el país asumió que la autonomía universitaria significaba autarquía. La universidad operó de manera independiente, en parte regulada por las leyes del mercado y, muchas veces, por intereses políticos y económicos. Y también operó bajo la influencia de altruistas fines educativos. En algunos casos, esto resultó en excelentes universidades. Y en otros, en centros de enseñanza mediocres.

Con la aprobación de la ley universitaria en el Congreso, el Estado retoma su rol rector en la educación superior universitaria. Y se hace sin afectar la autonomía universitaria. La autonomía de gestión, autonomía de gobierno y, lo más importante, la autonomía académica están en la Constitución, y una lectura cuidadosa de la ley aprobada muestra que no hay intención de mellarla. La superintendencia que la ley crea debe verificar que toda universidad tenga las condiciones básicas para ofrecer una carrera. Pero no tiene ninguna atribución para regular o supervisar contenidos académicos.

Lo que esta ley establece es que toda universidad debe asegurar condiciones básicas para proteger el derecho que tiene todo estudiante a una educación de calidad. El mercado por sí solo, como algunos han planteado, rara vez asegura que toda la oferta de un servicio como la educación superior tenga el estándar básico que se requiere. Y si un joven se da cuenta, varios años después, al terminar su carrera, que lo que invirtió en tiempo y dinero fue un desperdicio, tendrá poco que hacer. El tiempo perdido no se lo devuelve nadie.

Lo que esta ley, y el debate que se inició hace dos años en la Comisión de Educación del Congreso, nos da es la oportunidad de definir una política nacional para la educación universitaria. Las condiciones necesarias para avanzar hacia una universidad que prepare a los ciudadanos y profesionales peruanos para enfrentar los retos y las oportunidades del siglo XXI no se logran con esta ley por sí sola. Esta ley es solo una pieza, muy importante, que nos permite avanzar en esa dirección.

Lo que se plantea al país es avanzar en la definición de una política nacional sobre educación superior. Política que debe incluir al menos tres ejes, además del licenciamiento que se ha encargado a la superintendencia: sistemas de información, políticas de fomento y un sistema de acreditación. Sistemas de información acerca de las características de las universidades y los retornos de mercado de carreras en distintas instituciones. Políticas de fomento como subsidios vía la demanda a través del Pronabec, que ya invierte en becas para jóvenes peruanos en universidades peruanas seleccionadas (menos de 30 universidades califican para recibir becarios), y políticas de subsidios a la investigación y mejora de planes pedagógicos, que están pendientes. Y además se requiere promover agresivamente la acreditación homologada internacionalmente. Justamente, la ley da el marco para una reformulación del Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad. Todos estos elementos nos deben permitir avanzar hacia una universidad moderna.

Avanzar en una política nacional no es sencillo, como tampoco lo será implementar la superintendencia que establece la ley. Por un lado, está el compromiso de asegurar un escrupuloso concurso público que permita elegir académicos, investigadores y profesionales de reconocida trayectoria que lideren esta superintendencia. Por otro, está el reto de establecer un proceso de supervisión y regulación razonable y eficaz; otorgando plazos adecuados para que aquella universidad que no cumpla estándares básicos se adecúe a los mismos.

Pero la complejidad del reto no nos puede hacer claudicar, que es lo que el país eligió hasta ahora. Un país que,desde el punto de vista económico es reconocido por su estabilidad y por excelentes perspectivas, como acaba de reconocer Moody’s, no puede darse el lujo de tener una educación superior de calidad muy heterogénea, y en promedio, baja. Tenemos que ponernos al día y avanzar en dar a nuestros jóvenes la oportunidad de la educación superior que se merecen.

“EL HIJO DE PUTA DE ALAN GARCÍA LE HABÍA PUESTO UN PRECIO A MI CABEZA”

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Ayer la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima realizó una nueva audiencia por el juicio oral del escandaloso caso de los ‘Petroaudios’, pero no fue cualquier sesión. El principal procesado, Rómulo León Alegría, arremetió con todo contra el expresidente Alan García.

Cuando León Alegría recordó que García lo llamó públicamente “rata”, luego de que estallara el escándalo, el exministro aprista se ofuscó y dijo que “(…) el hijo de puta de Alan García le había puesto un precio a mi cabeza de cien mil soles”. Al escuchar esa frase, el juez superior Ricardo Brousset le llamó la atención.

Asimismo, cuando fue consultado por la participación en este caso de su hijo Rómulo León Romero y de su sobrina Paola Casuso, León Alegría dijo que tras la difusión de los ‘Petroaudios’ sus familiares retiraron el dinero de su cuenta en el Banco Continental, donde le depositaba el empresario dominicano Fortunato Canaán.

En otro momento, el exministro aprista manifestó que el famoso “faenón” que se le escucha decir en el audio del escándalo tenía como objetivo ahorrarle a nuestro país S/. 5 mil millones si se le adjudicaban los lotes petroleros a Discover Petroleum.

MÁS IRREGULARIDADES

El procurador anticorrupción, Christian Salas, indicó que durante el interrogatorio a León Alegría quedó en evidencia una serie de irregularidades en el proceso de selección para la concesión de cinco lotes petroleros.

“Los funcionarios de Perúpetro coordinaban y llenaban datos inexactos a favor de Discover Petroleum, lo que significó que se acepte la participación de esa empresa en el proceso de selección y calificaron irregularmente sus documentos para que participara”, manifestó.

Asimismo, el abogado del Estado explicó que “la empresa Discover Petroleum carecía de la documentación que le permitiera estar en el proceso de selección, pese a lo cual se le permitió participar”.

Otro dato importante es que a pesar de que las bases habían establecido como fecha límite para presentar documentos el 29 de agosto de 2008, “se permitió ingresar a la empresa Discover Petroleum consorciada con Perúpetro el 4 de setiembre de ese año”.

LO DIJO

“Vamos obteniendo información valiosa para sustentar nuestra teoría del caso. A medida que avance el juicio oral se comprobará los detalles del millonario negociado que se pretendió concretar a favor de intereses particulares extranjeros durante el segundo gobierno aprista” – Procurador anticorrupción, Christian Salas

Movadef se favorece con el voto universal

La truculenta declaración del presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) en el sentido de que la Ley Universitaria, al instaurar el voto universal y secreto para la elección de autoridades, traerá de regreso al senderismo y será un instrumento del Movadef para dominar la educación superior, tiene tantas aristas que no puedo evitar la tentación de decir algo sobre ellas.

En primer lugar, que la idea es tan carente de sentido lógico, y a pesar de ello ha sido respaldada por los otros rectores aunque sea con el silencio, que termina por abonar el criterio del congresista Mora que dice que estas autoridades han institucionalizado una mediocrización total de la educación universitaria de la que son parte y principal engranaje.

En segundo lugar, que lo que en el fondo defienden estos señores es un sistema que ya han aprendido a manejar a su favor, que son esas asambleas elegidas mediante proporciones caprichosas de representación, en elecciones manipuladas y que se resuelven finalmente con votos comprados por autoridades corruptas que se mantienen en sus cargos por largos años.

En tercer lugar, porque muchas de estas autoridades han construido su poder a través de diversos pactos con las distintas fuerzas que se expresan en las universidades, sin hacerse ascos políticos y morales, en algunos casos con el Movadef (no olvidar las alianzas de Fujimori con Sendero en la Universidad Agraria y la ANR en los años 80), todo lo cual les parece aceptable mientras sigan ellos siendo el eje de cada universidad.

En cuarto lugar, que si el razonamiento de que el voto universal trae a Sendero o al Movadef, tuviese algo de verdad, habría que reconocer que la universidad está copada por los seguidores de Guzmán, lo cual es una idiotez, como lo es creer que los actuales rectores son guardianes ideológicos de la educación peruana.

En quinto lugar que, aplicado al plano nacional, el razonamiento del rector Velásquez resultaría en un absurdo, ya que implica decir que si damos derecho de voto a todos, de repente la gente nos sale votando por alguien peligroso. La santa solución sería una elección indirecta y controlada por los que se han erigido en salvadores del sistema. Por donde se le mire, el argumento del presidente de la ANR, sobrepasa los límites de lo ridículo y refuerza claramente la noción de que es urgente hacer algo para sacar a las universidades de su actual crisis, que está reflejada en el tipo de personas que actualmente las gobiernan.

Ciertamente, al lado de estos rectores que nos quieren asustar con el Movadef, están los otros que nos embisten desde la gran prensa. Allí los intereses son directamente político-monetarios y consisten en la protección de importantes inversiones y de un proyecto político para manejar sin interferencias la construcción de la élite profesional para los siguientes años. Una alianza entre la mediocridad y el elitismo, que no se había visto en otra parte.

ARTÍCULO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

ARTÍCULO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 

DERECHO FUNDAMENTAL DEL PUEBLO

Desde los tiempos antiguos, en las sociedades que se erigían en el mundo, podemos encontrar distintas manifestaciones y hechos en defensa de la libertad de expresión. Por ejemplo; Demóstenes, un orador y político ateniense del siglo IV a. c., aseguraba que no podía haber peor desgracia para un pueblo que la “privación de la palabra”. Más tarde, veríamos a François Marie Arouet, más conocido como Voltaire, en el siglo de la ilustración declarar su famosa frase “No estoy de acuerdo con lo que usted dice pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo”. 

 

Con el imparable desarrollo de las fuerzas productivas, la palabra escrita se masificaría gracias a la exigencia de la libertad de prensa y las condiciones económicas y sociales que revolucionaron la historia hasta ese momento. Los Derechos del Hombre y el Ciudadano dados en Francia, la declaración de Independencia y la Ley de Derechos en América del Norte muestran cómo el derecho a la libertad de expresión era considerada exenta de toda intervención o sometimiento por parte del Estado.

  

Podemos decir, que desde la aparición de las clases sociales y la propiedad privada, en las distintas sociedades hasta la burguesa, el carácter fundamental de la libertad de expresión es un derecho reconocido gracias a lucha de los pueblos en el mundo. Pero tendríamos que precisar, cómo en la historia del mundo hubieron sociedades más avanzadas donde este derecho se ejerció a su plenitud y sin el uso descabellado que las clases explotadoras suelen asociarle por mantener sus intereses de clase resguardadas. Es decir, la libertad de expresión y todas aquellas demás libertades que se desprenden y complementan dentro de los derechos civiles y políticos con un sello de clase. Así, Lenin afirmaba sobre la libertad de prensa “Los capitalistas siempre han llamado "libertad" a la libertad de lucro para los ricos, a la libertad de morirse de hambre para los obreros. Los capitalistas llaman libertad de imprenta a la libertad de soborno de la prensa por los ricos, a la libertad de utilizar la riqueza para fabricar y falsear la llamada opinión pública”.

  

Sin embargo, la lucha por defender el derecho a expresarnos, a criticar el orden de cosas existentes sin censuras, sigue siendo también el pan de cada día. Más aún, si la libertad de expresión es aún considerada la piedra angular para la existencia de una sociedad democrática e indispensable para la formación de la opinión pública. Pero, sabe usted ¿qué comprende el derecho a la libertad de expresión? No solo el derecho a expresar nuestros pensamientos, sino también de buscar, recibir e impartir información e ideas de toda índole, esto puede darse de manera individual o colectiva. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 19 menciona “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Podemos agregar, que la libertad de expresión, junto con la libertad de reunión y de asociación, es uno de los pilares de la sociedad democrática. La democracia no puede realizarse si no existe un libre flujo de ideas y de información y si las personas no tienen la posibilidad de reunirse, de debatir y expresar ideas, críticas y exigencias, de defender sus intereses y derechos y de establecer organizaciones con ese propósito, como sindicatos y partidos políticos. 

Cacería de brujas extendida al pueblo

Está claro que el derecho a la libertad de expresión es un derecho universal que debe ser defendido por la clase y el pueblo, porque de las clases explotadoras nada podemos esperar, solo la lucha organizada del pueblo arrancará mejores condiciones para continuar desarrollando su camino. Por ello, resulta aberrante y hasta socarrón apreciar a la ex canciller Eda Rivas asegurar que en el Perú, existe el compromiso del Estado y el gobierno de respetar la libertad de expresión. ¿Acaso esto no significa una ofensa a la memoria de los miles de caídos en la lucha por alcanzar la libertad de la palabra y el pensamiento?

La participación de los representantes del Estado peruano en la 44º sesión de la OEA (Organización de Estados Americanos) ha ratificado resguardar la libertad de expresión como componente fundamental para la democracia en la región. Sin embargo, nada más falso pudo haberse dicho, cuando en el Perú es cada vez más evidente la persecución política macartista e inquisitorial que ha desatado el Estado y el gobierno de derecha; contra los comunistas, contra quienes se guían por el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, contra los verdaderos demócratas y contra todo aquel que se opone a este régimen reaccionario, cuyo accionar represivo se ha extendido hasta las luchas populares. Este plan perverso es realmente una amenaza no solo para los derechos fundamentales del pueblo, también significaría una amenaza para los derechos y libertades de los ciudadanos en la región, y un grave riesgo para la democracia en Latinoamérica.

  

Mientras en Colombia se viene impulsando, conversaciones entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el fin de alcanzar un acuerdo de paz y el cese a cinco décadas de conflicto armado; en el Perú se persigue y detiene por enarbolar la demanda de solución política, amnistía general y reconciliación nacional para el pueblo. Es indignante que el mismo Ollanta Humala haya saludado textualmente en su cuenta de twitter, la elección de su par Juan Manuel Santos a la presidencia, finalizando su saludo con lo siguiente: “(…) su éxito por la paz será el de toda América Latina”. ¿Acaso la pacificación de la que se pavonea el Estado y gobierno peruano es el del diálogo y la tolerancia? Perseguir, detener y hostilizar a ciudadanos, abogados, docentes, jóvenes y  mujeres por organizarse en un frente político para elecciones y pedir la amnistía, es la paz que propugnan las clases explotadoras serviles al imperialismo, principalmente yanqui.

  

Ni qué decir de los medios de comunicación burgueses que promueven el odio y la venganza contra todo aquel que cuestione el régimen represivo del Estado. Lo que nos lleva a concluir que la libertad de expresión que dicen garantizar, es solo una falacia impuesta por una minoría de acaudalados grandes burgueses lacayos del imperialismo que dirigen el Estado y gobierno para desenvolver su plan de nueva acumulación originaria que los beneficiará a costa de sumir a la clase y el pueblo en la miseria más descarada vista en casi media década.

Hoy la clase y el pueblo continúan luchando en las calles, movilizándose, y enfrentándose a las fuerzas reaccionarias que amenazan sus vidas para silenciar las expresiones de rechazo a los planes del Estado. La lucha que desenvuelve el pueblo lo hace en condiciones difíciles, por ello, consideramos necesario que la verdadera izquierda acoja el llamado de las masas populares de luchar por la democratización de la sociedad, por una paz para el pueblo peruano y su desarrollo. Basta de persecución contra nuestra organización, exigimos respeto a nuestro derecho de participar en la vida política y el goce de derecho y libertades democráticas. Abajo la persecución contra los dirigentes y luchadores populares, que el Estado con artimañas pretende desaparecer de su camino por oponerse a sus planes, como ahora último viene sucediendo con los presidentes regionales, levantando el problema de la corrupción como si ésta no fuera inherente al actual sistema, cuando lo que en realidad pretenden es ocultar el problema económico de fondo para tener el control político de las regiones. Exigimos la solución a las justas demandas de nuestro querido pueblo; médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, obreros de la minería artesanal y de la gran minería, estudiantes. Que su voz no sea acallada, porque el grito de un pueblo por defender sus derechos fundamentales es también luchar por defender la vida misma.

Escuelas libres de violencia

El acoso callejero y la violencia contra las mujeres siguen ocupando titulares y reclamando atención. La violencia de género (abuso, violación, trata, violencia doméstica, feminicidio) es una espiral que no disminuye con el crecimiento económico ni con el posicionamiento de la Marca Perú. Necesita medidas específicas y requiere atenderse desde la familia y la escuela, porque es allí donde se cultiva y/o permite.

La Red de Educación de la Niña ha planteado 4 Políticas de Género en Educación con sus respectivas medidas, que han sido presentadas al Ministerio de Educación y cuentan con el respaldo de UNICEF y del Ministerio de la Mujer. Una de ellas es el “Cese de violencia y acoso sexual a niñas y adolescentes”.

Se trata de garantizar que en la escuela las niñas se sientan seguras. Lo primero es dejar de suponer que niñas y niños están en iguales condiciones de vida y enfrentar el hecho de que el acoso y la violencia física y psicológica acompañan toda la trayectoria escolar de las niñas y “afecta profundamente su proceso de desarrollo, desempeño y aprendizajes”.

No es un asunto solo de enseñarles bien matemáticas y comunicación, sino de implementar medidas de protección a su integridad, y también de sanción al hostigamiento y abuso sexual. Una acción básica de protección son los servicios higiénicos diferenciados por sexo, para preservar la intimidad de las niñas, que ya están normados por una ley que no se cumple. Un video de UNICEF muestra que los baños, cuando existen, están deteriorados, carecen de puertas o están con llave para uso de la maestra.

Otra medida propuesta es mejorar las normas contra la violencia sexual, incorporando el delito de hostigamiento sexual, porque hoy quienes lo cometen quedan impunes. Junto a ello, posibilitar el acceso DIRECTO a la justicia, porque ahora, las niñas tienen que pasar por un proceso humillante y engorroso que comienza en la propia escuela, teniendo a veces que denunciar el abuso ante el propio abusador (si éste es un docente o director). Hay que ampliar la definición de violencia, incluyendo la psicológica porque la escuela no puede permitir insultos, burlas o actitudes que denigran a las niñas.

En tercer lugar, garantizar educación sexual y atención a la salud y sexualidad de las niñas, desde el nivel inicial y que estén accesibles en la misma escuela, “que les ofrezcan conocimientos sobre su cuerpo y su sexualidad, que fortalezcan su autovaloración y autoestima y les proporcionen herramientas y recursos para su cuidado y desarrollo personal, haciendo posible que crezcan constituyéndose como personas dignas y autónomas”.La educación sexual previene el embarazo adolescente y posibilita que las adolescentes pongan en marcha su proyecto de vida. Aunque algunos han pretendido confinarla al ámbito de las familias, es un mandato internacional y de la Ley de Igualdad de Oportunidades.

Escuelas que no corten las alas de las niñas, sino que las desplieguen, comenzando por su dignidad.

Urresti y el caso Bustíos

Cuando el ministro de diez días, Daniel Urresti, asegura que informó al presidente Humala que tenía un proceso abierto ante la justicia por uno de los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos y atropello contra la prensa independiente de la década de los 80, y que este le dijo que había consultado con abogados y que su nombramiento era procedente, está colocando a nuestro vapuleado primer Mandatario en una de las situaciones más delicadas de los últimos tres años.

Digo esto porque la discusión no es acerca de si el personaje que quiere imitar a Rambo es finalmente inocente de la muerte del periodista Bustíos en noviembre de 1988, sino que la presunción que existe sobre él está avalada por la intervención de un fiscal y un juez que han encontrado mérito para la causa. Ningún presidente u otra autoridad pueden ignorar este hecho y sentenciar por su cuenta de acuerdo a lo que “les parece”. Imaginemos solo la circunstancia de que fuera declarado culpable, ¿cómo podría repercutir eso sobre la legitimidad del gobierno? O, por la inversa, planteémonos la hipótesis de que podría tratarse de presionar a la justicia para que entienda que ahora está acusando a un ministro. ¿No sería esa un provocación entre poderes?

Hay otro aspecto a considerar. Al Humala que conocí durante los años 2006-2011, lo sometieron a un proceso interminable por la acusación que pesaba sobre él en relación a su participación al frente de un destacamento antisubversivo en la selva del Huallaga. En aquel entonces García se llegó a jactar de haberle clavado un juicio a su adversario para tenerlo jaqueado. Y la actitud del denunciado fue someterse a las restricciones que le impuso el proceso y esperar pacientemente que los jueces resolvieran en todas las instancias. Ollanta solía decir que lo que importaba era limpiar su nombre de acusaciones graves sobre derechos humanos. Pero, ¿cómo fue que se invirtieron sus valores para que no exija lo mismo de su ministro?

Creo, finalmente, que hay un tercer tema, que tiene que ver con los bandazos políticos de este gobierno. Sí es cierto que con Urresti se quería proyectar una imagen fuerte ante la presión que le reclamaba actuar contra la delincuencia, y que los excesos cometidos en la represión de mineros informales eran valorados como parte de esa dureza buscada. Hago un esfuerzo de imaginación y veo en este contexto a Ollanta recibiendo de Urresti la información sobre el caso que tiene pendiente y al Presidente considerando si esto era motivo suficiente para retroceder en su propuesta. Por lo visto no vio cuán a flor de piel están estos asuntos en la memoria de los peruanos y las sensibilidades que toca apenas los removemos. Ahora está en una situación en la que pierde si saca al ministro al que nombró sabiendo quién era. Pero pierde más si lo deja.