Esos “cristianos marxistas” de Chile

Prof. Pedro Godoy P. | Jueves 08 de mayo del 2014

Muere la década del 60 y el PDC que gobierna con Eduardo Frei Montalva a la cabeza se astilla por la izquierda. Elementos de la JDC entre los cuales se cuenta Marta Harnecker, Rodrigo Ambrosio, Luis Maira, Manuel Antonio Garretón, Jaime Gazmuri, Jose Antonio Viera-Gallo, Enrique Correa y José Miguel Insulza lo escinden. Fundan el Movimiento de Acción Popular Unitaria conocido con la sigla MAPU. Se adscriben a la naciente UP convirtiéndose en una colectividad más del régimen que se derrumba el 11 de septiembre de 1973. Hoy no existe como agrupación, pero su elite –a través del PS- copa la cúpula gubernativa. En su momento protagonizan un debate doctrinaria muy interesante que vale la pena reexaminar.

Al definirse "marxistas cristianos" se enciende una polémica. Otros se proclaman "católicos marxistas". Son muy aplaudidos por el allendismo porque ensancha el espectro ideológico. Sin embargo, la nominación a no pocos resulta un paquete de contradicción. Marxista significa suscribir el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Más acá de ambos adjetivos el solo sustantivo entra en colisión con lo religioso y, por ende, con la condición de "cristiano" y"católico". No sin temor -como eran condiscípulos- les sugerimos se proclamen "socialistas" y no "marxistas", pues el socialismo constituía una plataforma doctrinal amplia que incluía variantes no ateas. La propuesta se juzga un agravio La gárgara marxista continúa. La estiman insuficiente y se autorrotulan "marxista-leninistas". Durante el régimen de Allende se hacen ultrones y, de yapa, se dividen. Un MAPU "obrero campesino" protegido por el PC y el otro MAPU "revolucionario"impulsado por el MIR. Hoy ofician de eurosocialdemócratas y son empresarios prósperos o senadores y ministros. La excepción es Marta Harnecker. Durante el allendato es la sacerdotiza de un Marx de catecismo. Después del "11" se refugia en Cuba y contrae matrimonio con Manuel "Barbarroja" Piñeiro. Intenta influir sobre Chávez, pero fracasa.. Aprovecha para ello su aureola de ideóloga y su apellido germánico que seduce a los criollos "gringomaniáticos".

Más allá de esa confusión doctrinaria en que pretenden -quizás por moda- el estrafalario acoplamiento señalado se debe añadir que todos los líderes "mapucientos" son de la clase alta o de la mesocracia fronteriza de la oligarquía y hechuras de esa "teología de la liberación" que manipula el PC. Protagonizan virajes y contravirajes y exhiben frivolidades tan propias de los "niños bien". Entre 1972 y 1973 esgrimen una retórica ultrista que ahuyenta a las capas medias y gasolinea el golpe de Estado. La última "vuelta de carnero" los convierte en pronorteamericanos, neoliberales y contrabolivarianos. Tal es el epílogo de la cruzada de tan mesiánicos líderes. (*)Centro de Estudios Chilenos CEDECh. Blog: Email:[email protected]> [email protected]>

Universidicidio y legicidio

Iván Rodríguez Chávez (*)

Dictar una ley universitaria en el siglo XXI y en vísperas de cumplirse el bicentenario de la independencia merece una concertación de opiniones para crear con la nueva norma las condiciones que necesita para su desarrollo.

Ningún ciudadano niega la potestad del Estado para legislar, pero el órgano llamado a hacerlo tiene que sujetarse a reglas de procedimientos que garanticen a las personas y a la sociedad la estabilidad jurídica, el interés nacional, el respeto a los derechos.

Cautelando la institucionalidad que implica un Estado republicano y una democracia representativa, la teoría constitucional y la normativa vigente han previsto como fin del Estado el bien común que se alcanza no solo con la justicia distributiva sino con el respeto de los procedimientos, cuyas normas que los regulan tienen categoría de orden público.

En esta convocatoria de consideraciones, si bien al órgano legislativo le corresponde dictar la ley, no lo puede efectuar como lo viene haciendo. Con este procedimiento el Congreso de la República se desprestigia porque aparece de espaldas a la comunidad, tratando de imponer reglas que no son las adecuadas para mejorar el rendimiento institucional universitario, sin escuchar razones y en actitud punitiva.

Así como este proceder afecta al colectivo, también se desfigura el perfil del legislador en tanto ciudadano elegido, y como tal premunido de la función de representación que establece un vínculo entre él y sus electores.

Normalmente el legislador debe ser una persona que escucha y dialoga, no que insulta y se afirma como dueño de una verdad que no corresponde al mundo democrático y jurídico.

Una ley universitaria no puede ser mensajera de castigos ni con la intención de perjudicar a las que salvan el honor del país por el nivel de calidad alcanzado, no obstante sus carencias materiales provenientes de una permanente desatención del Estado.

Ahora que después de los veinte años de violencia terrorista que afectó tanto a las universidades, comenzamos a insertarnos en el mundo, y el Perú ya es destino de universitarios europeos, asiáticos y latinoamericanos, que vienen a estudiar a través de programas de intercambio, resulta ahora amenazado de perderse todo.

La universidad peruana está participando en activos programas de internacionalización mediante convenios celebrados de universidad a universidad. Está en procesos de acreditación y con la conciencia clara y definida de la cultura de la evaluación, con actividad interna dirigida a la mejora continua. Ella no tiene por qué ser desarticulada, frustrar sus proyectos y programas con una ley desde su inspiración inconveniente, desacertada y de efectos negativos a la vista.

Nada justifica el despojo de su autonomía. Más bien, antes de recortarla hay que fortalecerla y hacerla real y efectiva. La autonomía entraña libertades y estas no se pueden cercenar con sofismas y falacias. Si hay algunas situaciones atípicas en algunos centros universitarios jamás pueden servir de pretexto para destruir todo lo bueno que existe y que intencionalmente se niega y se ignora. En todo caso, actualmente la legislación cuenta con los órganos y procedimientos para corregirlas, pero nunca en nombre de ellas puede causarse un daño irreparable al país en la era de la información y del conocimiento.

El Congreso de la República no tiene facultades para el atropello. Como Poder del Estado y fuente de la representación, que la ejerza para bien de la sociedad. Su actuación colegiada e individual debe ser ejemplar. Legislando tiene que ser cuidadoso de enmarcar su proceder en la Constitución y la ética, a las cuales está sujeto. Si actúa mal herirá de muerte la fe cívica, la moral pública y los ciudadanos no tendrán dónde poner los ojos en pro del bien, la justicia y el desarrollo nacional.

La universidad merece una buena ley que respete, consagre y otorgue su autonomía como el faro de libertades que hace crecer al país. 

(*)Rector de la Universidad Ricardo Palma Expresidente de la ANR.

Pobreza: por qué Humala se queda corto

Alan García viene usando en tweeter algunas buenas cifras de su gobierno como armas arrojadizas contra el actual. Una reciente es que en los primeros tres años de su gestión la pobreza bajó 12%, mientras que con Ollanta Humala solo 3.9%. Es una notable diferencia, pero se necesita más que un tweet para entenderla.

La explicación sumaria de García, en otro tweet, es “inseguridad, abusos y escándalos”. Con más espacio, se hubiera podido decir que en 2006, 2007 y 2008 la economía creció sucesivamente 7.7%, 8.9% y 9.8%, mientras que en 2011, 2012 y 2013 ella creció sucesivamente 5.6%, 5% y 5.2%. ¿Cuánto de esto es responsabilidad de este gobierno?

Por lo pronto, el precio consolidado de los minerales no cayó. Los promedios del cobre, un indicio clave, son parejos para los primeros trienios de cada gobierno. Pero, y quizás a esto apunta García, el entusiasmo del negocio minero ha disminuido post-Conga, importantes proyectos han huido y además los costos de producción han subido.

Estudios como el de Juan Manuel García y Nikita Céspedes para el BCR invitan a pensar en un solo continuo 2001-2010, en que el crecimiento económico siempre es pro-pobre. En la medida que los principios económicos han sido esencialmente los mismos a partir de allí, el principal culpable de ese 3.9% es la desaceleración económica, esto sí cortesía del MEF.

Pero no está demostrado, ni parece de sentido común, que la relación más crecimiento/menos pobreza sea rígida. Se puede imaginar tipos de pobreza más sensibles a desaparecer con las primeras oleadas de bonanza y otros tipos más resistentes. Por lo pronto sabemos que hay negocios que emplean más gente, reparten más ingresos y atacan mejor la pobreza que otros.

En el fondo, Humala está haciendo más o menos lo mismo que los dos gobiernos anteriores, pero con peores resultados. Una explicación es que la economía se ha vuelto un lugar menos acogedor. Antes estábamos formidablemente bien; ahora estamos bien, pero sobre todo (algunos dirían únicamente) mejor que otros países.

El retorno de ocho regiones a anteriores niveles de pobreza pone en evidencia que la relación crecimiento-pobreza es esencialmente inestable, por no decir volátil. Ni García ni Humala lograron una forma de salida de la pobreza inmune a los vaivenes económicos. Por ejemplo, la que da acceder a propiedades en lugar de solo un mejor ingreso.

La guerrilla de tweets en que está embarcado García (sobre todo con cifras e inauguraciones) es ilustrativa en muchos casos. Pero da la impresión de que por sus telegráficos límites solo es una prédica eficaz entre los ya convencidos. Como el caso que comentamos aquí, y que merecería incluso bastante más espacio que el de una columna.

Estadísticas de la pobreza

El Gobierno presentó unas estadísticas en las que se resalta que en los últimos dos años cerca de un millón de personas salió de la pobreza. El jefe del INEI, Alejandro Vílchez, precisó que la pobreza monetaria fue de 23.9 por ciento en el 2013, menos que el 25.8 por ciento del 2012. Estos registros han causado algarabía entre nuestros gobernantes. "Un millón dejó de ser pobre en el Perú", casi gritó el diario oficial El Peruano.

Sin embargo, es conocido que las estadísticas son decisivas o no en cualquier tema, de acuerdo con quien las interprete. El escritor italiano Umberto Eco decía que la estadística es el método por el cual si en una ciudad un hombre come dos pollos por día y otro ninguno, el promedio de consumo de pollo en ese lugar es de uno por persona. Quizá por ello Alan García haya salido a cuestionar las alegres cifras del gobierno de Ollanta Humala. Es sabido que la relación entre ellos es una historia de disensos y competencia sorda y constante. Por supuesto, la exasperante oposición del líder aprista hace que diga cosas como esta: "En los primeros tres años de mi gobierno la pobreza bajó 12%; en este régimen solo 3.9%. ¿A eso le llaman inclusión?".

Es evidente que el Gobierno quiere dar la apariencia de que el país está saliendo de la pobreza, aunque 7 millones 300 mil peruanos sigan en esa condición. Sin embargo, esta sensación de suma positiva sirve para que el paso adelante de muchos peruanos invite a los demás a poner empeño, talento y esfuerzo.

Lo que sería ideal es que el aspecto económico se divorcie totalmente de los intereses políticos en el tema de combatir a la pobreza. Sería un síntoma inequívoco de un país moderno.

ABUGATTÁS SOBRE CUESTIONADO FALLO: “ES UNA JUGADA MÁS DE ALAN”

Extitular del Congreso le pide al presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, que se pronuncie y rechace la sentencia de sus colegas

Para el congresista de Gana Perú y expresidente del Congreso, Daniel Abugattás, la intromisión del Tribunal Constitucional (TC) al nombrar como fiscal supremo al cuestionado Mateo Castañeda Segovia pasando por encima del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es una jugada más del expresidente Alan García.

“Al margen de que esta es una jugada más dentro de los tentáculos de Alan García porque todos sabemos que el exfiscal Castañeda inició los procesos judiciales conjuntamente con Hinostroza, fiscales que tienen inclusive filiación aprista y que esa era parte de la estrategia aprista de llegar a la nueva elección del fiscal contando con Castañeda o Hinostroza. Es un tema que tiene historia y todos saben cuál es la jugada”, expresó en Canal N.

“Es absurda (la resolución), es como si ordenaran votar por tal candidato; dónde están los derechos fundamentales de la persona, dónde están las responsabilidades que tiene el CNM. Es una aberración absoluta, le dicen ‘tú vas a votar como quiero porque soy aprista’”, agregó.

Según el legislador nacionalista, el objetivo del Apra era que tanto Castañeda Segovia como Hinostroza Pariachi sean nombrados fiscales supremos antes de que se realice la elección del fiscal de la Nación.

A pesar de que eso no haya ocurrido, Abugattás precisó que el TC ha blindado al flamante titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, ya que por un lado anula los nombramientos de dos fiscales supremas, pero increíblemente sí valida sus acciones como, por ejemplo, cuando votaron para la elección del fiscal de la Nación.

Asimismo, Abugattás consideró que la sentencia emitida por los magistrados Carlos Mesías Ramírez, Ernesto Álvarez Miranda y Gerardo Eto Cruz es una violación al estado de derecho que no se ve desde el golpe de Estado del condenado expresidente Alberto Fujimori, ocurrido en 1992.

“El hecho es de tal gravedad que yo no recuerdo una violación al estado de derecho de esta magnitud salvo el golpe de Estado de Fujimori en el 92. Es gravísimo y amerita una acusación constitucional contra los tres magistrados. El país no puede permitir que se corrompa y que se desacredite a un Tribunal Constitucional, que es la máxima garantía de la seguridad jurídica en el país”, declaró.

Por esa razón, el nacionalista denunciará a los tres magistrados ante el Congreso de la República por infracción a la Constitución al usurpar funciones que son exclusivas del CNM.

QUE SE PRONUNCIE URVIOLA

El congresista de Gana Perú reveló que al enterarse del escandaloso fallo se comunicó con el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Hani, y le pidió que salga públicamente a dar su opinión.

Abugattás indicó que le preguntó a Urviola Hani respecto a la escandalosa resolución firmada por solo tres magistrados del TC y dijo que este mostró su disconformidad con su silencio.

MEA CULPA

Por último, el nacionalista no pudo evitar referirse al hecho de que el Congreso de la República todavía no logra un consenso para nombrar a los seis magistrados del TC que deberán reemplazar a quienes ya se les venció su mandato y ofreció disculpas públicas.

En ese sentido, Abugattás propuso que se le “cierre el caño” al Congreso y al TC como una medida de sanción cuando incumplan con sus obligaciones.

LO DIJO

“Se han puesto del lado contrario de la Constitución, con una infracción que deberá de ser evaluada por el Congreso y las instancias pertinentes” – Gonzalo García Núñez, miembro del CNM

Tejada: un gran alanista

El APRA comete el grave error de no valorar adecuadamente la insigne figura de Sergio Tejada. Nadie como él produce tanto desconcierto en la política nacional. Cuando humalistas, toledistas y fujimoristas sumaban los votos más que suficientes para inhabilitar al expresidente Alan García Pérez, el megacongresista los dejó en el aire.

Nadie como él pudo demorar más de dos años, luego de revolver cielo y tierra, para no resolver algo tan elemental como si lo citaba en calidad de investigado o de testigo.

Tal cosa no debía resultar algo muy difícil de establecer, de acuerdo con las innumerables declaraciones públicas de los voceros del gobierno desde la campaña, absolutamente seguros de la culpabilidad del expresidente, aun antes de investigarlo. No contaban con el distinguido antropólogo, que jamás pudo definir los cargos por los que lo acusaba. Recurrió como refugio jurídico a supuestas infracciones constitucionales tan gaseosas que hasta creó una nueva categoría: lo encontró “vinculado” a ciertos hechos.

Cuando García concurría a las citaciones, las reuniones parecían un té canasta. A esas alturas el megainvestigador no le podía decir qué delitos habría cometido, para luego reconocer insólitamente que apenas el dos por ciento de esas declaraciones sirvieron para acusarlo.

Cuando el juez del Quinto Juzgado Constitucional, el mismo que anuló la investigación parlamentaria a Javier Diez Canseco, expide dos sentencias donde exige que se respete el debido proceso, olímpicamente no les hace caso.

Entre las novedosas contribuciones de don Sergio a los anales parlamentarios, no puede dejar de mencionarse que su testigo principal, el tal “Brasil”, que denuncia la corrupta red de narcos indultados, que recorría todas las redacciones de los medios y aparecía en cuanto programa de televisión existe, jamás fue citado a la Comisión. Encima sus promotores lo ayudan a salir del país y, ya fuera, se desdijo de sus acusaciones. En este punto el aludido se supera así mismo, pues anuncia que posee las grabaciones de sus entrevistas con el expresidiario, que nadie conoce hasta ahora.

Cuando el juez anula definitivamente el “demoledor” informe final, el buen Tejada no se rinde. Sin darse cuenta que ya no existe la “Mega” como suele llamarla cariñosamente, la cita para una reunión fantasma, de la que sale con la propuesta de reactivarla.

Para demostrar la seriedad de su trabajo, suelta la bomba de la corrupción en Sedapal. Denuncia a un funcionario por trasladar fondos al Gran Caimán. Luego de mantener en suspenso a todo el mundo, la gente toma nota que el caimán no califica ni para lagartija. Se trataba de alguien designado por el gobierno de Alejandro Toledo que realiza una transferencia privada a la sucursal del Banco de Crédito en dichas islas, para colmo durante el gobierno actual. Para ser justos, solo Javier Velásquez reconoce su valía, al punto que le promete públicamente prestarle sus asesores para la próxima.

"Fallo del TC daña la democracia"

César Landa,Expresidente del TC

Autor: Ricardo Monzón K.

rmonzon@peru21.com

Los organismos constitucionales autónomos del Estado tienen roles distintos que le permiten aunando sus facultades establecer el sistema jurídico nacional. La superposición de sus competencias configura una ilegalidad que debe ser sancionada. César Landa está convencido de que el Tribunal Constitucional (TC) ha traspasado su campo de acción.

No es la primera vez que se desautorizan dos instituciones del Estado…

El modelo que la Constitución consagra es de división de poderes entre organismos públicos y autónomos. Es cierto que también se cumplen funciones de control judicial o constitucional, siempre y cuando se respete la reserva del contenido funcional mínimo que tiene, porque el TC puede declarar inconstitucional una ley, pero no puede aprobar una ley. Se pueden controlar los actos administrativos que emite el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) pero no se puede sustituir las funciones que la Constitución le otorga.

¿Bajó algún argumento el TC puede destituir a dos fiscales supremas, como ha sucedido?

Eso constituiría una infracción o un fraude a la Constitución, porque la destitución o remoción de fiscales supremos está prevista en la Constitución y le corresponde al CNM. De modo tal que no habría ninguna competencia del tribunal, dado que la Constitución señala que solo puede declarar inconstitucional las leyes o pronunciarse sobre habeas corpus de amparo.

¿Y entonces por qué lo hizo?, ¿ha usurpado funciones?

Eso se lo deberíamos preguntar a los tres magistrados. Ellos sabrán las razones por las cuales han suscrito, pero los principios constitucionales señalan que no les compete y el TC siempre ha actuado bajo esos márgenes de respeto al equilibrio de poderes y al control sin los excesos que pudieran quebrantar el orden constitucional. Se estaría presentando una figura de infraccion a la Constitución que da lugar a una acusación constitucional de los ciudadanos o de las autoridades.

Lo cierto es que el CNM presentará una acusación penal y otra constitucional contra los tres magistrados ante el Congreso y la Fiscalía de la Nación.

El CNM sabrá las medidas que corresponde tomar para guardar la institucionalidad constitucional y legal del país, pero que de 7 magistrados, tres votos definan lo que es una decisión constitucional, y más aún con una naturaleza totalmente polémica, desde ya resulta bastante cuestionable la legitimidad y legalidad de esta medida.

De proceder las denuncias, ¿qué podría pasarles a los magistrados?

Si han violado la ley, de acuerdo con el marco de la Constitución y el reglamento del Congreso, debería formarse una comisión dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue la naturaleza de esta sentencia y emita un informe que podría llegar a la Comisión Permanente y luego al Pleno del Parlamento. La sanción puede ser la suspensión, destitución, o amonestación.

El Parlamento, al no haber designado a los nuevos miembros del TC, ¿tiene responsabilidad?

Debe conducirse al TC hacia un recambio de las autoridades que ya han vencido su mandato y están en una situación de inestabilidad o desequilibrio, de salir o no salir, y que también, en parte, está generando este tipo de medidas arbitrarias o contrarias a los mandatos de la Constitución. El Parlamento tiene una grave responsabilidad en esta falta que ha cometido este grupo de magistrados.

¿A qué atribuye esta demora en la elección?

La lamentable crisis que hay de la representación parlamentaria, que es la expresión de los partidos políticos, en los que los líderes, normalmente, contribuyen en la falta de conducción de sus bancadas parlamentarias para llegar a acuerdos democráticos que respeten la voluntad soberana que tiene la Constitución. Si los líderes se sentaran a conversar habría esos acuerdos que se expresarían en el Parlamento, pero vemos que hay congresistas que buscan tener en el TC a representantes de sus intereses partidarios antes que representantes de los intereses de todos.

¿En cuánto tiempo cree que se llegará a un consenso sobre los miembros del TC?

La ciudadanía dio el año pasado una muestra de civismo (en el caso de la repartija) que permitió que se deshiciera lo que estaba mal hecho. En esta portunidad me parece que la ciudadanía debería exgir al Congreso que se ponga de acuerdo en candidaturas que tengan transparencia, una vocación democrática y ética y no parcializada. De lo contrario, parece que la acción del Congreso no permite que el TC funcione de manera autónoma.

¿Cree que el fallo del TC es un golpe de Estado, como lo dijo Pablo Talavera?, ¿se está quebrantando la democracia?

Son calificativos, este fallo del tribunal constituye una decisión arbitraria porque no tiene ningún sustento legal. Hay un exceso perjudicial para la democracia, este tipo de medidas daña la democracia, evidentemente.

AUTOFICHA

- César Landa Arroyo nació el 15 de junio de 1958. Fue designado por el Congreso magistrado del Tribunal Constitucional el 16 de diciembre del 2004.

- El 4 de diciembre del 2006 el Pleno del TC lo eligió presidente. Además de ser doctor en Derecho, es master en Administración Pública.

- Profesor de la PUCP y de la UNMSM. Es doctor Honoris Causa por cuatro universidades del Perú y en la actualidad es decano de la Facultad de Derecho de la PUCP.